La querella que ha presentado el PP contra el grupo de comunicación vinculado al hermano del presidente Ximo Puig, Francis Puig, ha sacudido la placidez de los primeros compases de la secuela del Botànic.

Es la primera investigación judicial destacada de la legislatura y sus consecuencias son impredecibles, al igual que su recorrido. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dirigir el caso ante la gravedad de los delitos, la elevada cuantía de las subvenciones denunciadas y la imputación de un alto cargo, Rubén Trenzano (Compromís), director de Política Lingüística.

Dos de los fiscales que suenan con fuerza para dirigir la acción de Anticorrupción son Pablo Ponce -el fiscal de los casos Taula o Zaplana-; y Virgina Abad, la fiscal que logró la condena por el saqueo de Emarsa y ahora investiga el IVAM.

Lo primero que hará el juzgado es comprobar la veracidad del relato y si los hechos encajan en los delitos. El caso ha estado algo más de un año recorriendo juzgados por un conflicto de competencia sin entrar en el fondo. Finalmente ha sido el Tribunal Superior de Justicia quien ha ordenado que se investigue en València.

Las dos sociedades bajo sospecha vinculadas a Francis Puig son Comunicació dels Ports SA -se constituyó en 1988- y Mas Mut, fundada en 2004.

Según la querella, estas dos empresas han obtenido, desde el año 2015 hasta la actualidad, ayudas económicas para el fomento del valenciano, tanto por parte de la Generalitat como por parte de los gobiernos de Cataluña y Aragón. Y «todas ellas por los mismos conceptos». En realidad, estas empresas han obtenido más subvenciones años atrás, pero no figuran en la querella del PP porque el documento vincula las subvenciones a un presunto trato de favor por ser el hermano del president Ximo Puig.

El PP sostiene que todos los controles de la Administración han fallado en este asunto y que Francis Puig sobredimensionó su audiencia para multiplicar la ayuda que le correspondía. Dijo tener una audiencia estimada de 35.000 personas pese a que en la comarca de Els Ports residen poco más de 5.000.

La mayoría de medios audiovisuales o comarcales no certifican sus audiencias, pues cuentan con pocos recursos económicos. En el caso de Nord TV, la televisión del grupo denunciado, su página web recoge que emiten para Els Ports, Maestrat, Maestrazgo y Matarranya, esta última una zona compartida por varias comunidades autónomas.

La querella sugiere que «no es casualidad» que las firmas del hermano de Puig «sean las únicas que han disfrutado» de la subvención en todas sus modalidades.

Entre los indicios de criminalidad la denuncia destaca «personas cuyo salario se utiliza como gasto duplicadamente en distintas partidas» o «medios que comparten contenidos pero reciben subvención separadamente».

Así, el PP denuncia que «existe una total confusión entre los medios de ambas empresas, de modo que, aunque ambas reciben subvención, se reutilizan mutuamente sus contenidos subvencionados». Además, se han encontrado gastos «duplicados e, incluso, triplicados»; y en la convocatoria de 2015 no se requería licencia -Nord TV no la tenía- y en 2016 sí -ya la tenía-.

Sobre este último aspecto, fuentes de la Generalitat razonaron que se fijó este criterio en la primera convocatoria por la sentencia del Supremo que anulaba las licencias de TDT y muchas televisiones locales quedaban fuera. Se resolvió y se volvió a incluir.

En el caso de las ayudas recibidas por el Gobierno de Aragón, la querella afirma que es para «la mejora de la accesibilidad a las tecnologías», por lo que no guardaría relación con el valenciano. Francis Puig y Trenzano están citados el 10 de diciembre, pero podría aplazarse si Anticorrupción necesita más tiempo para investigar.