Este jueves arranca en la Ciudad de la Justicia de València el juicio por las presuntas irregularidades en la gestión económica del Palau de les Arts Reina Sofía. Casi cinco años después del golpe policial que removió los cimientos del edificio de Calatrava y tras varios aplazamientos, la sección segunda juzgará los hechos sin la exintendente Helga Schmidt, fallecida el pasado mes de septiembre. Sí que estará sentado en el banquillo de los acusados Ernesto Moreno, exadministrador del teatro y uno de los liquidadores que el Consell de Alberto Fabra designó para cerrar Radiotelevisió Valenciana (RTVV).
La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat Valenciana piden penas que suman cerca de 30 años de prisión por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación. Tras el fallecimiento de Schmidt, los acusados que serán juzgados por el tribunal, en el que ejercerá de ponente el magistrado Juan Manuel Ortega, son el abogado José Antonio Noguera Pujol, el banquero Joaquín Maldonado, y el excónsul de Francia Pablo Broseta, además del propio Ernesto Moreno.
Estas son las claves de caso que juzgará los excesos en la gestión de la ópera de València.
Los hechos
La Fiscalía concluyó que la exintedente se concertó con empresarios valencianos para privatizar el servicio de patrocinios del teatro y adjudicar el servicio a una empresa en la que figuró como consejera. Esta sociedad privada, Patrocini de les Arts SA -el nombre se asemeja a la Fundación pública pero no tiene nada que ver con la administración del teatro- cobró comisiones de entre un 10% y un 30% de los patrocinadores. También se encargó de facturar por la organización del evento Viva Europa.
Entre los consejeros figuraba el abogado Noguera Pujol, quien ha ejercido de consejero de la constructora Cleop, investigada en el caso Taula por financiar al PPCV y la «organización criminal» que dirigía Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación. Cleop también ha aparecido en las diligencias derivadas de la Operación Azud, el caso que acabó con el ingreso en prisión provisional -ya fue puesto en libertad a la espera de juicio- del abogado José maría Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá.
Mientras, Ernesto Moreno y Pablo Broseta serán juzgados porque el Palau de Les Arts pagó a Radcliffe&Asociados, una empresa de Broseta, por los libretos de las funciones que se representan en la ópera valenciana «un sobrecoste carente de toda justificación (como mínimo por importe de 294.419,65 euros, y pudiendo llegar hasta los 786.971,65 euros)». Para la Fiscalía, «este sobrecoste no justificado supone un perjuicio a los fondos públicos por dicho importe, consecuencia de la actuación de los acusados Ernesto Moreno Murcia y Pablo Broseta Dupré».
El origen de la investigación
Los hechos salieron a la luz a raíz de un informe elaborado por la Intervención General de la Generalitat en 2014 en el que señalaba un rosario de irregularidades. El análisis fue encargado por la exconsellera de Cultura, María José Catalá, en la actualidad portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, tras recibir una denuncia de un extrabajador en el que alertaba del presunto desvío de fondos públicos a una sociedad anónima en la que Schmidt figuraba como consejera. Este trabajador será el primer en declarar en el juicio, pues los acusados lo harán los días 12 y 19 de diciembre, según consta en el calendario original.
El informe de la Intervención acabó en la Fiscalía y a partir de ahí el juzgado de Instrucción 15 asumió las diligencias. La denuncia motivó una crisis en el PP valenciano, pues enfrentó las dos almas del partido e irritó a la vieja guardia. Está previsto que el autor del informe de la Intervención declare el 9 de diciembre en calidad de perito.
Los testigos y las conclusiones
El calendario y la distribución de la prueba están sujetos a modificación en función del desarrollo del propio juicio. Entre los testigos citados inicialmente por la Audiencia figura el exconseller Máximo Buch, la exconsellera Trini Miró o Juan Prefaci, exalto cargo de RTVV acusado en la pieza separada de la Gürtel valenciana que a partir del próximo mes de marzo juzgará la Audiencia Nacional.
Está previsto que el día 25 de noviembre declare como testigo, a propuesta del ministerio fiscal, Rosa Vidal, expresidenta del consejo de administración de RTVV S.A.U. y abogada de Broseta Abogados. También está citado, en este caso para el día 3 de diciembre, el empresario naviero Vicente Boluda, el expresidente del Puerto de València Rafael Aznar o Amalia Guanter, quien fue contratada por la sociedad anónima para coordinar el festival Viva Europa 2013.
Vicente Garrido, expresidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), quien formaba parte del consejo de administración de la sociedad anónima pero, declarará el 27 de noviembre. Durante la fase de instrucción garrido reconoció su vinculación con Patrocini de les Arts SA pero puntualizó que no era socio y tampoco obtuvo remuneración alguna por este cargo.
Las indemnizaciones que tendrán que hacer frente los cuatro acusados si la Audiencia de València les condena superan los 700.000 euros. Las defensas piden la libre absolución.
