La instrucción del caso del cártel del fuego, el grupo de empresas investigadas por pactar precios e influir en el valor real de las adjudicaciones relacionados en la lucha contra los incendios forestales, ha revelado el interés de Vicente Huerta, empresario de Sagunt propietario del grupo Avialsa, y los actuales contratistas de los aviones para la extinción de incendios forestales en la Comunitat, Martínez Ridao y Faasa, por repartirse el mercado en países en desarrollo.
Según recoge el auto dictado este lunes por el juez Héctor Santamaría, por el que procesa a Huerta y otras siete personas por un presunto fraude fiscal de 6,7 millones de euros entre 2007 y 2014, Avialsa y las dos firmas que ganaron en octubre la extinción forestal del Consell pactaron la constitución de una empresa en Italia para que Huerta dominara ese mercado y, a cambio, los empresarios de Martínez Ridao y Faasa -rebautizada recientemente como Pegasus- tendrían vía libre para trabajar en África contra la plaga de langosta.
Así consta en un correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico remitido el 5 de octubre de 2012 por Francisco Alandí, excolaborador de Avialsa que denunció los hechos ante la Fiscalía, a Manuel González de Faasa y a Ángel Martínez Ridao. «Hola, como sabéis, llevamos trabajando desde hace más de seis años en Italia para la Dirección General de Protección Civil. Hemos finalizado esta campaña de 2012 y estamos ahora en el proceso de renovación del contrato, que como podéis suponer, dadas las actuales circunstancias, todo apunta a que habrá modificaciones».
A continuación, Alandí traslada que «después de comentar este tema con Vicente Huerta y, con la finalidad de evitar una situación similar a la ocurrida hace tiempo, me ha comentado que os transmita la necesidad de tener conocimiento sobre cualquier tipo de petición realizada por parte de cualquier empresa y/o organismo público italiano al respecto. Ruego que si tenéis cualquier información, la comentemos cuanto antes».
Ese mismo día le responde Martínez Ridao. «Buenos días Paco; estoy al tanto de los contratos Italianos los cuales están a punto de concluir, de momento no se han puesto en contacto con nosotros pero si hubiese algo te informaríamos. Por otro lado, creo que Ángel te comentó algo en su día, sí se han puesto en contacto con nosotros para que le demos precio de avión para trabajar en África contra la plaga de langosta que actualmente esta afectando a Mauritania, Níger, Chad. Vosotros habéis mandando algo? No nos gustaría meternos en algo nuevo que os pueda hacer daño».
El auto del juez confirma que Alandí le manifestó ese mismo día que se lo trasladaría a Vicente Huerta, «así como que ya había hablado con su padre Ángel, y que sí que se habían presentado al concurso». Miguel Ángel Martínez respondió lo siguiente, «si vosotros vais a participar en ese mismo concurso, no tengo ni el menor interés en perjudicarte y ya hablaríamos en el supuesto que te dieran el concurso para llegar a un acuerdo. Creo que estamos hablando de cantidades muy importantes y poca gente tiene los medios para desarrollar el trabajo y menos los aviones».
Alerta de la FAO
La fecha de envío del correo coincide con una alerta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por la plaga de langosta en el noroeste de África. Un enjambre muy pequeño de estos insectos se come la misma cantidad de alimento en un día que unas 35 000 personas, por lo que la FAO inició una campaña de captación de fondos para luchar contra la plaga. Al parecer, esta campaña no pasó desapercibida entre los investigados, pues, gracias al apoyo de los gobiernos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, Naciones Unidas logró recaudar hasta 4,1 millones de dolares.
Martínez Ridao y Faasa vuelto a llevarse el contrato de la Generalitat contra incendios, preadjudicado este pasado 24 de septiembre y que ya ganaron en 2017. Entre el pasado 1 de noviembre y el 31 de octubre de 2020, las dos empresas serán responsables del dispositivo para la extinción por 5,89 millones, contrato de un año prorrogable por cuatro años más. Hasta que no haya una sentencia firme, la Administración no puede hacer nada para evitar contratar con estas empresas.
