Como el título de la película del oeste protagonizada por Clint Eastwood La muerte tenía un precio, pactar o apoyarse en Vox para alcanzar el poder, también. La llegada de la ultraderecha a las instituciones y su papel de muleta para facilitar gobiernos con el PP y Ciudadanos se traducen ya en medidas concretas que tienen que ver con el ideario de la formación que lidera Santiago Abascal.
Andalucía, Madrid y Murcia (comunidades donde el bloque de derechas ganó al de la izquierda) se han convertido en el espejo en el que ya pueden mirarse otras autonomías en el caso de que continúe el avance electoral de Vox.
En la Comunitat Valenciana, donde en las últimas generales la derecha también superó en votos a la izquierda, podría aplicarse el dicho castellano de que «cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar».
El recorrido por los Ejecutivos autonómicos y municipales donde Vox es muleta imprescindible arroja una primera conclusión: que pactar no es gratis. PP y Ciudadanos tratan de mantener el discurso de que Vox solo ha facilitado investiduras y que su influencia no es tan importante como para hacerle cruzar ciertas líneas rojas. Los hechos, sin embargo, parecen desmontar la tesis de la inocuidad de este tipo de acuerdos ya que las consecuencias van más allá de lo simbólico.
Esta semana en la que se ha celebrado el día contra la violencia machista, Vox ha roto el consenso en muchos parlamentos, incluido el valenciano. Pero, con mayor o menor estruendo, los gobiernos en los que los votos de Vox son necesarios toman decisiones que arman a la ultraderecha en su lucha contra el feminismo y su deriva negacionista. El primer laboratorio es Andalucía donde Vox facilitó un Gobierno PP-Ciudadanos, aunque se quedó fuera de la Junta. Los de Abascal se estrenaron en esta comunidad con la petición del listado, con nombres y apellidos, de personas que trabajan en los servicios sobre violencia de género. La solicitud provocó un escándalo mayúsculo y la Junta reaccionó asegurando que no revelaría estos datos. La realidad es que ha facilitado información, aunque sin datos personales, y Vox ya ha anunciado que ampliará su demanda. Con la información recibida (sobre titulación, colegiados, etc.), Vox ya trata de socavar los servicios de atención a las víctimas.
Una cesión más directa es la decisión del Gobierno andaluz de poner en marcha un servicio de atención telefónica a las «víctimas de violencia intrafamiliar», una medida que ha sido muy criticada por la oposición al considerar que busca «ningunear» y «blanquear» la violencia machista. La introducción del término intrafamiliar es uno de los aspectos que resalta Vox cuando presume de haber llevado al debate político andaluz «asuntos que estigmatizaban».
El peaje que PP y Cs pagan en Andalucía se ha concretado en sus primeros presupuestos y, junto con la creación del servicio telefónico, se ha introducido una limitación extraordinaria a las ayudas concedidas a las asociaciones memorialistas. Por otro lado, la derecha habla de «continuar negociando» con el Ministerio del Interior un convenio para compartir archivos de la Junta y ordenar «adecuadamente los flujos migratorios». Interior niega tal acuerdo cuyo objetivo declarado es la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales.
Cesiones en Madrid y Murcia
La Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la ciudad también han hecho cesiones a su socio externo. De un lado, el parlamento ha aprobado con los votos de PP y de Cs una proposición no de ley de Vox que insta al Gobierno central a ilegalizar a «los partidos separatistas que atenten contra la unidad» de España. Tanto en el Gobierno como en el consistorio, las tensiones están a flor de piel y han dividido a los socios. Ciudadanos, por ejemplo, respaldó la reprobación a Ortega Smith tras el incidente con una víctima de violencia de género. Isabel Díaz Ayuso, de momento, ha contenido a Vox en su petición de crear un pin parental en las escuelas, pero los presupuestos están a punto de aprobarse y Vox ya ha advertido de que puede haber consecuencias.
En Murcia, donde también se ha cerrado un acuerdo de investidura, la Consejería de Educación ha cedido y ha ordenado a padres y madres y profesorado a que el alumnado de los colegios den permiso de forma expresa para que los menores asistan a las actividades ofertadas por los centros educativos. Por otro lado, Vox intenta arrastrar al PP para tumbar el Estatuto de Autonomía, cuya reforma pende de la aprobación del Congreso, donde Vox tiene 52 diputados.
En el ámbito municipal valenciano, Vox ha entrado en los gobiernos de El Campello y Mutxamel. En el primero, su presencia ha evitado un minuto de silencio por la mujer asesinada en Elx. En Mutxamel, el tripartito de derechas dejó de emitir las convocatorias en valenciano, si bien ha acabado rectificando. El PP, eso sí, ha permitido el aumento de suelo a concejales de la extrema derecha.
