El Consell de Alberto Fabra acordó la liquidación de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVMF), el ente que organizó la visita del papa a València en 2006, sin incluirlo en el orden del día y sin que los miembros del Gobierno valenciano accedieran a la documentación sobre la deuda.

Así consta en las actas confidenciales de la reunión del pleno del Consell, a las que ha tenido acceso Levante-EMV, que tuvo lugar el 21 de marzo de 2014. Esa mañana la Generalitat acordó la liquidación de la fundación a cambio de asumir las deudas que arrastraba desde el año 2006 por diversos servicios prestados durante el evento.

Precisamente ayer, el exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina, investigado en el caso Taula, declaró como testigo en el juzgado que investiga irregularidades en la gestión económica de la fundación. Según apuntaron fuentes conocedoras de su declaración, Medina aseguró que recibió instrucciones para que la institución provincial no pagara ni un euro de la deuda. El juzgado retomará los interrogatorios el próxima día 10 de diciembre con la declaración como testigo de Miquel Domínguez, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València.

El plan para que la Generalitat liquidara las deudas empezó en el último trimestre de 2013, según consta en el expediente en poder de este periódico, y las fechas coinciden con la instrucción de la pieza separada de Gürtel que investigó el contrató de las pantallas que adjudicó Canal 9 por 7,4 millones de euros (con IVA) pese a que el servicio se valoró en tres.

El 14 de noviembre el TSJ valenciano envió una comisión judicial al centro de producción de Burjassot para incautarse de material relacionado con la visita después de que el Consell anunciara el cierre de Canal 9, que se ejecutó el 29 de noviembre de 2013. Un mes después, el 26 de diciembre, el patronato de la fundación se reune de urgencia en el Palacio Arzobispal para aprobar las cuentas del ente de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, e iniciar la liquidación.

A la reunión acudieron el actual obispo auxiliar de València Esteban Escudero, imputado en esta causa; la exalcaldesa Rita Barberá; el exsecretario autonómico Eusebio Monzó; además de Medina en representación de la Diputación. Los patronos aprobaron la extinción del ente y el Arzobispado y la Generalitat se comprometieron a aportar 1,4 millones cada uno.

La Generalitat se reservó el derecho de reclamar al Ayuntamiento y la Diputación su parte correspondiente de la deuda. En cambio, según declaró ayer Medina en el juzgado, Alfonso Rus ordenó que la Diputación no asumiera ningún tipo de deuda en ese proceso de liquidación, como así consta. Tampoco se reclamó al Ayuntamiento.

Semanas después, el 23 de enero de 2014, la Abogacía de la Generalitat emite un informe en el que cuestiona este acuerdo y «no se aconseja su adopción». El informe alertaba que en 2010 el Consell ya ingresó dos millones de euros, que es una «fundación pública, perteneciente al sector público de la Generalitat» y que debía regularse antes su situación.

Así, el 5 de marzo vuelven a reunirse los patronos en el Palacio Arzobispal y en esa reunión el Arzobispado se compromete a pagar las facturas de los hoteles que ocuparon sacerdotes y miembros del Vaticano, y parte de los urinarios portátiles que se instalaron en el evento. La Generalitat se comprometió a pagar la deuda con la empresa pública Vaersa y 787.885 euros de los urinarios a Acciona.

Finalmente el 21 de marzo de 2014 el Consell aprueba la operación. El pleno acabó a las 11:20 horas y los consellers recibieron la documentación sobre la deuda a las 12:31 horas.