El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer el pago de 7,3 millones de euros a 22 ayuntamientos afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) o gota fría, que afectó a las comarcas de la Vega Baja, La Costera y la Vall d'Albaida entre el 11 y el 14 de septiembre pasados. El president realizó estas declaraciones tras reunirse en la sede del Consell en Alicante con las personas comisionadas para la coordinación de las actuaciones relacionadas con el Plan Vega Ren-hace, el proyecto que impulsa la Generalitat para regenerar la comarca de la Vega Baja tras el temporal del pasado mes septiembre.

Puig señalaba que estos 7,3 millones que se van a distribuir entre los ayuntamientos que han solicitado compensaciones suponen «un avance positivo» y la muestra de que las ayudas están concediéndose «con normalidad». «Ha habido una respuesta que llega a los 100 millones de euros, que es una realidad tangible que llega a la ciudadanía de la comarca», indicaba. El responsable de la Generalitat explicaba que, además de estas ayudas para hacer frente a contingencias coyunturales, el plan Ren-hace que lidera el Consell trata de avanzar con medidas estructurales para construir, con la suma de las administraciones públicas y la sociedad civil, «un proyecto de regeneración, de rehabilitación y, sobre todo, de futuro» para la comarca alicantina.

El plan pivota sobre «cuestiones estructurales, fundamentales para que haya un desarrollo armónico y sostenible, que genere estabilidad, riqueza y prosperidad a los ciudadanos y ciudadanas de la Vega Baja», señalaba.

La Generalitat contará en este plan con el asesoramiento de Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, comisionado para la coordinación en los ámbitos científico y técnico, y con Antonio Alonso, empresario del municipio de Almoradí, para la interlocución e intermediación entre el ámbito técnico y los agentes sociales. Los comisionados se encargarán de organizar actuaciones del Plan Vega Ren-hace y de promover la cooperación entre las administraciones y la sociedad civil para señalar las necesidades de la comarca con el objetivo de potenciar el desarrollo socioeconómico de la zona. El pago a los municipios afectados se realiza después de que las corporaciones locales hayan presentado las correspondientes solicitudes para acceder a estas subvenciones.