Son niños y niñas sin familia. Sin padre, madre, abuela, tío, sobrina o conocido que se pueda encargar de ellos. Nacionales y extranjeros. Y no tienen culpa alguna de que así sea. Tienen entre 0 y 18 años y no han cometido delito alguno. Han llegado al sistema de tutela y protección de menores por distintos motivos. Los hay víctimas de violencia machista. Los hay con sus padres en prisión o con graves adicciones. Los hay que llegan al sistema por agarrarse a los bajos de un camión tras ver morir a quien les acompañaba en el camino. Los hay víctimas de trata. Pueden llegar al sistema por diferentes motivos pero todos tienen un denominador común: un daño emocional que puede verse más o menos agravado en función de las circunstancias vividas, de la fortaleza mental, de la edad y del tiempo que hayan tenido que soportar determinadas circunstancias.
Son los hijos del Consell, las hijas de la Generalitat Valenciana. Porque es la Administración la que vela por ellos, la que tiene las competencias en exclusiva del servicio de tutela y protección de menores. La Generalitat Valenciana tiene autonomía plena para decidir, invertir, estructurar, organizar, sancionar y decidir. Sin embargo, dependiendo de si uno u otro partido está en el Gobierno o en la oposición, las críticas de lo hecho o no hecho, de lo que se debería hacer, de lo que «avergüenza», de lo que es «intolerable», de las carencias y agujeros gigantescos, dependen del lugar que cada uno ocupa en la tribuna de los foros parlamentarios, autonómicos y municipales, sin tener en cuenta que, de quienes hablan es de los menores más vulnerables del sistema. Los que no tienen nada. Por no tener, no tienen ni voz ni edad para contar lo que les pasa. Y aunque la tuvieran, son menores, están protegidos por la Ley de Infancia y Adolescencia y su exposición pública es delito.
Las informaciones sobre el sistema de tutela y protección de menores siempre tienen de filtro al Gobierno que esté en ese momento. Inversiones o recortes, cambios en la organización, quejas por impagos. Ese filtro, sin embargo, no llega a la Justicia. Así, la mayoría de informaciones que hacen saltar las alarmas son las que hacen referencia a los tribunales. Asuntos turbios que evidencian las carencias del sistema. Denuncias y juicios -contra educadores, contra directores de centro, contra órdenes religiosas o empresas...- que ponen en entredicho una protección a la infancia legislada en el papel y que la Administración inspecciona y difunde si lo considera conveniente. O si no le queda otro remedio.
De la beneficiencia a la protección
El sistema de protección de la infancia se gesta en la Comunitat Valenciana con la democratización de las instituciones. Hasta entonces, los menores tutelados dependían del Ministerio de Justicia, en un servicio centralizado y preconstitucional apoyado en la Iglesia y la beneficiencia de las congregaciones religiosas, que se encargaban de la infancia sin red familiar mediante un sistema de subvenciones. Por ello, a día de hoy, hay una buena parte de la protección de menores en manos de órdenes religiosas.
El cambio fue lento y contó desde el principio con la participación de entidades privadas sin ánimo de lucro. Así se organizó el sistema desde la época socialista de Joan Lerma, primero con subvenciones y luego con convenios que dieron paso a los conciertos. Así continuó en los 20 años del PP en el Consell y así sigue hoy. En la actualidad, el 80% de los centros residenciales está en manos privadas dentro del sistema público. No contar con las entidades privadas supondría el cierre inminente de unos centros residenciales donde viven una media de 1.000 menores entre los 12 y los 18 años. A fecha de marzo de 2019, la Comunitat Valenciana contaba con 80 centros de acogida de menores y 4.226 niños y niñas en el sistema de protección (1.231 vivían en centros de menores y el resto, en familias de acogida).
El modelo -siempre con carencias y críticas ante escándalos judiciales; problemas constantes con los pagos a las entidades y las críticas de la oposición de que se invertía poco, tarde y mal- estalló en 2013 cuando el PP realizó fuertes recortes en Infancia y pasó de una organización a caballo entre el convenio y el concurso, a un sistema de concurso público de libre concurrencia donde primaba el dinero en detrimento de la calidad del servicio. Así, la entidad que ofertaba la propuesta más económica conseguía la adjudicación del servicio o de las plazas de acogida. El deterioro del sistema de tutela fue en caída libre hasta la llegada del Botànic (2015) que, sin embargo, no consiguió pasar de nuevo al sistema de conciertos (consensuado y aplaudido por el sector) hasta mayo. Y con las entidades en la calle por problemas de pago y deudas pendientes.
Cuando Mónica Oltra asume la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas crea una dirección de infancia «escandalizada» por la situación del sistema de protección. La primera medida se centró en las familias acogedoras con el objetivo de que los menores sin familia vivan en un hogar y no en centros residenciales. Así, equiparó las ayudas de familias educadoras y extensas, aumentó las cuantías y ordenó el pago mensual. «Esta apuesta ha permitido reducir en un 67% el número de niños de 0 a 6 años en los centros y que el 65% de los menores tutelados estén en acogimiento familiar», señalan desde Igualdad.
En 2017, Oltra presentó el «Nuevo modelo de atención en centros y hogares de acogimiento» en aras de realizar una transformación del sistema por fases con una inversión de 40,7 millones de euros. Para realizar este nuevo modelo -que cambia el paradigma, la atención, apuesta por minihogares en lugar de macrocentros, baja las ratios, aumenta el personal, especializa a las plantillas, incrementa las plazas y crea un programa de emancipación para quienes cumplen los 18 años, entre otros- la Conselleria realizó inspecciones por los centros y no le tembló la mano a la hora de poner orden. Eso sí, intentando controlar las informaciones en una especie de voladura controlada.
Traslados y escándalos
Así, en marzo de 2017 negó que fueran a cerrar el centro de recepción de Monteolivete para anunciar dos meses después que sí iba a hacerlo. Junto a esa medida anunció el traslado de 18 menores de un centro de acogida de Segorbe al ver «indicios de maltrato» -y un abuso sexual, después- que comunicó a Fiscalía. También trasladó a 21 menores de otro centro de Castelló al carecer de instalaciones con autorización e hizo lo propio en València con otra entidad por incumplir las ratios.
Sin embargo, el último escándalo del educador condenado por abusos sexuales (exmarido de Mónica Oltra) a una menor tutelada y cómo se gestionó el asunto desde la Administración que, en esta ocasión, no acudió a la Fiscalía, ha avivado el fuego. En este caso, Oltra se declara atada de pies y manos al ser un centro privado. Desde hace dos años, los centros de menores han centrado la crítica de quienes no quieren a esta infancia cerca. El cierre del centro de Monteolivete supuso el traslado de estos menores primero a Buñol y luego a Alborache, hasta que esté lista una instalación en Lliria. Las protestas vecinales -avaladas por políticos de partidos distintos- criticando la apertura del centro de recepción o nuevos en determinado municipio han puesto de relieve que el mensaje de responsabilidad social, de protección de niños, sigue siendo una asignatura pendiente.
