La presión de los ayuntamientos obligó al Gobierno central a abrir la mano para permitir que el superávit municipal pueda destinarse a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) si se cumplen una serie de criterios. En la práctica, sin embargo, esta vía sigue siendo insuficiente para los consistorios. «No es una solución: la medida multiplica por dos la carga burocrática, porque tienes que liquidar el presupuesto, hacer una modificación de crédito e incorporarlo a las cuentas», recalca el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, que recuerda también las enormes dificultades que está generando la nueva Ley de Contratos en las administraciones. «Aunque la deuda de los consistorios se ha reducido de forma galopante, la situación ha empeorado y en algunos casos es dramática», incide el dirigente.
El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) señala como improbable que el sector local obtenga el superávit necesario para cumplir la regla del gasto en 2020. Para conseguir ese objetivo, las inversiones financieramente sostenibles deberían incrementarse un 70 %, algo impensable. Los datos el Ministerio de Hacienda revelan que en 2018 apenas se acogieron a este mecanismo un tercio del total de los ayuntamientos de la C. Valenciana, con un desembolso de 91 millones.
En las corporaciones locales consideran que las restricciones impuestas por la ley generan un injusto agravio comparativo respecto a otro tipo de administraciones de rango superior.
Las limitaciones obligan a los consistorios a depender casi exclusivamente de los planes de la diputación o la Generalitat para ejecutar inversiones. Mientras tanto, el volumen inmovilizado depositado en los bancos ha ido creciendo notablemente en los últimos años.
