La maraña jurídica que mantiene bloqueado desde abril el convenio laboral de 6.500 empleados de las universidades públicas valencianas no parece estar cerca de desenredarse. Ayer, los sindicatos volvieron a concentrarse en la Universitat de València (UV) para exigir explicaciones por la paralización de las mejoras prometidas este año al profesorado más precario. La rectora, Mavi Mestre, se reunió con los representantes de los trabajadores para trasladarles que los centros están a la espera de que la Generalitat mueva ficha y autorice el pago de los acuerdos.
Como informó Levante-EMV, la Conselleria de Hacienda ha advertido de que las medidas de estabilidad incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 prohíben una subida de la masa salarial como la que plantea el convenio. De ahí las reticencias del gobierno autonómico a la hora de firmar los incrementos salariales, a pesar de haber presupuestado la partida correspondiente a este año y a 2020.
Días atrás, los rectorados de todas las universidades remitieron una carta a la Conselleria de Innovación reclamando el aval para firmar el documento que regula las condiciones del personal, en base a unos informes emitidos por los servicios jurídicos de los centros que alertan de la inseguridad legal en la que quedarían en caso de rubricar el convenio sin el paraguas de la Generalitat. Los presupuestos autonómicos exigen el permiso expreso de la conselleria cuando se adopten convenios que desemboquen en aumentos del gasto de personal. Sin dicha autorización, las universidades se enfrentarían a la nulidad de los acuerdos, a una responsabilidad contable por alcance e incluso a responsabilidades penales por malversación de caudales públicos. En esta tesitura, las instituciones docentes no puede asumir por su cuenta el compromiso a largo plazo del convenio -que debería aplicarse con efectos retroactivos a 1 de enero de 2019 y hasta 2023-, teniendo en cuenta que el 68% de sus fondos son de la Generalitat.
