La Conselleria de Transparencia fue uno de los departamentos de nuevo cuño creado por el primer Consell del Botànic. Bajo la tutela de Compromís, la conselleria dirigida por Manuel Alcaraz logró protagonismo político tanto por sus propias iniciativas (muchas inéditas y centradas en la lucha contra la corrupción) como por ser diana de la oposición que siempre la consideró prescindible.
El acuerdo tripartito que dio lugar al Botànic II salvó este departamento y lo asignó a Esquerra Unida, socio de Podemos, aunque con cambios de denominación y de competencias.
El departamento que dirige Rosa Pérez ha perdido la Inspección de Servicios (y con este cuerpo el control de los proyectos claves contra la corrupción) y ha ganado, sin embargo, Memoria Democrática, un ámbito en el que la consellera se mueve con soltura por su experiencia en la Diputación de València.
Ahora bien, los cambios no se quedan ahí, o al menos, esta es la intención de una conselleria que busca reinventarse gracias a un área que quedó postergada la pasada legislatura y que ahora se ha convertido en el principal leitmotiv del departamento: la participación ciudadana.
Apostolado de la participación
El objetivo, admiten dos de sus máximos responsables (el secretario autonómico de Transparencia, Ignacio Blanco, y la directora general María Jesús Pérez), es complejo porque implica un cambio de paradigma en la forma de funcionar de una Administración que hasta ahora apenas se ha limitado a cumplir la legislación en vigor que obliga a abrir la puerta a la ciudadanía en la toma de decisiones. «Hay que hacer apostolado sobre la participación», apunta Blanco, quien admite que la Generalitat está mantillas en este asunto.
El departamento de Pérez considera que las políticas de transparencia fueron suficientemente atendidas por el anterior Consell, que aprobó toda una serie de leyes, que, eso sí, ahora toca aplicar. Pero el esfuerzo, sostienen desde la conselleria, debe hacerse en la pata de la participación y, más que leyes, lo importante es hacer políticas. Sin revuelo, los responsables del departamento llevan tiempo manteniendo reuniones con altos cargos de otras conselleries con fin de tener la radiografía de qué se hace y qué no se hace en esta materia.
Los responsables de Participación aplauden la buena acogida en el segundo escalón de la Administración, pero admiten que falta formación y que existe una clara necesidad de planificar y reordenar los cauces de participación. «Lo primero es mirar la casa, ver cómo se trabaja», indica Blanco, que aspira a que cuando acabe la legislatura todas las conselleries cuenten con unidades de participación. Entre los retos figura ampliar el espectro de entidades y personas individuales que, en la práctica, participan en las decisiones de gobierno. Así, se ponen como ejemplo los procesos de audiencia pública obligados por ley cuando se arranca un proyecto legislativo. La participación se reduce muchas veces a agentes formales, como los sindicatos, el empresariado o determinadas asociaciones.
Cultura participativa
Participar -reflexionan- no puede ser una obligación sino que es necesario generar la conciencia de que un gobierno sin hilo directo con la ciudadanía es un ejecutivo deficitario y con merma democrática. De ahí, señalan, la necesidad de hacer pedagogía y de generar una cultura participativa.
La conselleria tiene bajo el brazo varias iniciativas concretas que buscan facilitar los cauces de participación. Tras constituirse el Consejo de Participación, está ultimándose una guía que la ciudadanía pueda consultar para saber cómo relacionarse con la Generalitat. También está previsto crear en la web un portal de Participación de fácil acceso y donde todas las entidades tengan su espacio. Otro de los grandes retos son los presupuestos participativos para lo que la conselleria se está fijando en experiencias exitosas de otras comunidades.
