De Cabo se enfrenta a una petición de pena de cinco años de cárcel por un presunto delito de estafa en la adquisición de empresas domiciliadas en la provincia de València. De Cabo está acusado de quedarse a un «precio irrisorio» un grupo de empresas que sufrían un grave perjuicio en plena crisis.
Según consta en las actuaciones, el empresario convenció a los propietarios para que le transmitieran las acciones para sanear las sociedades y haciéndose así con el control de 159 fincas sin ánimo de cumplir lo firmado.
Los hechos se remontan al año 2011. Según considera el ministerio fiscal, De Cabo, «valiéndose de una apariencia de solvencia y conocimiento en derecho concursal, se presentó ante dos empresarios y les convenció «para que les transmitiera las acciones de las empresas estipulando el precio de 1 euro por cada una».
De Cabo tenía que sanearlas y recuperar la inversión de los empresarios, pero al parecer no cumplió con ninguno de sus compromisos y se quedó con el patrimonio que figuraba a nombre de las sociedades «por el precio irrisorio de 1 euro». El empresario no llegó a tramitar el concurso de acreedores por el que fue contratado.
Ángel de Cabo era un discreto liquidador de empresas hasta que en 2010 compró el grupo Marsans. Esta empresa de viajes era propiedad del expresidente de la patronal española CEOE, Gerardo Díaz Ferran, y de su socio Gonzalo Pascual, quienes solicitaron un concurso voluntario de acreedores para facilitar su venta a Posibilitum, propiedad de Ángel de Cabo.
También ha figurado como administrador de Teconsa, la constructora leonesa en la que se escondió el grupo Correa para ganar el contrato de las pantallas de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para la visita del papa, un servicio por el que se pagó 7,4 millones de euros (con IVA) pese a que se valoró en tres.
Además, en 2011 compró a la familia Ruiz-Mateos Nueva Rumasa a través de una empresa, Back in Business 2011, constituida en marzo de ese año en la factoría de empresas del también valenciano Ramón Cerdá.
Ángel de Cabo ingresó en prisión preventiva en diciembre de 2012 y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le impuso una fianza de 50 millones de euros por el vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans. El liquidador salió de la cárcel un año y medio después.
El empresario confesó en prisión que el expresidente Gerardo Díaz Ferran acordó con él el traspaso de Viajes Marsans para eludir el pago a sus acreedores a cambio de una entrega mensual de 100.000 euros hasta alcanzar los 5,5 millones de euros. Fue condenado a cinco años.
