La defensa de Ricard Gallego, jefe de gabinete del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, ha presentado un escrito al juzgado que investiga el caso Alquería por el que solicita al juez que cite como testigo al responsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera.
En concreto, según consta en la petición, el abogado de Gallego plantea que tras la declaración «prestada por la investigada Agustina Brines, se hace absolutamente necesario que sea llamado a declarar nuevamente José Luis Vera, quien en julio de 2015 fue contratado en calidad de director de los Servicios Jurídicos, Administración y Trasparencia, con las mismas retribuciones y condiciones que José Ramón Tíller», gerente de la empresa pública junto a Brines.
Para el abogado de Gallego, «la necesidad de dicha declaración es consecuencia de que, al parecer, Vera junto a Tíller y Brines fueron quienes efectuaron los nombramientos de los siete directores de área» que el juzgado investiga. Además, en el mismo escrito Gallego solicita declarar de manera voluntaria ante el instructor.
El exjefe de gabinete de Presidencia considera que entre sus funciones no estaban las contrataciones de Divalterra. Igualmente, afirma que asumió este cargo en febrero de 2017, mientras que los siete contratos bajo sospecha se aprobaron en noviembre de 2015.
Además de Brines, este jueves también declaró en el juzgado el economista y auditor de cuentas José Andreu, que actúa en la causa como perito de la defensa de Jorge Rodríguez. Andreu ratificó un informe que concluye que la gestión de Rodríguez no resultó perjudicial para Divalterra, sino que mientras éste presidió la Diputación se produjo «una reducción importante de los costes de personal y de explotación, lo que supuso un importante beneficio para la Diputación, socio único de Divalterra», al verse reducidas las necesidades de financiación.
Comunicado de Vera
Tras la declaración de Brines, José Luis Vera envió ayer a este periódico un comunicado en el que acusa a la exgerente de «mentir» en su declaración.
«Brines, en sede judicial, ha ejercido su derecho a mentir», subraya Vera, quien añade que ella era «la única y exclusiva responsable del área de Recursos Humanos, pues además era especialista en la materia dado venía de desarrollar la misma tarea en una empresa pública del Ayuntamiento de Burjassot, tras su paso como alcaldesa por el partido de Compromís en el Ayuntamiento de Simat de Valldigna».
«En todo momento Brines se negó a ni siquiera compartir con el servicio jurídico que yo dirigía y dirijo cualquier aspecto jurídico-laboral. Disponía y hacia uso de todos los medios para contratar, despedir, expedientar», señala. Por otra parte, Vera insiste en que «en ningún momento me solicitó informe ni opinión alguna sobre la contratación de los altos directivos» y «fue ella quien estableció el precio de cada uno de los contratos».
