«La instalaciones donde se ejerce la prostitución, ya sean pisos, locales de alterne o burdeles, no son bienvenidos en la Comunitat Valenciana, no les vamos a dejar tranquilos». La frase la pronunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el marco de unas jornadas organizadas por el PSPV la noche del jueves sobre prostitución. Toda una toma de postura que, según ha sabido este diario, irá más allá de la mera declaración de intenciones.
Las competencias para actuar sobre la explotación sexual pertenecen al Gobierno central, pero Presidencia de la Generalitat parece haber encontrado ya la vía para, en la medida de sus posibilidades, poner las cosas difíciles a la industria del sexo en la Comunitat Valenciana.
Así, según fuentes de la Generalitat, el Consell quiere apoyarse en dos leyes autonómicas, la que regula los espectáculos y la del Turismo, para obstaculizar la actividad irregular de burdeles que se camuflan como hostales, bares o discotecas. Al amparo de ambas normativas, el gobierno autonómico estudia reforzar la inspección en estas instalaciones para detectar si se está cometiendo algún tipo de fraude y retirar la calificación del local.
Extirpar el mal
El paso siguiente sería dar parte a la Policía Local para que el ayuntamiento correspondiente, que tiene las competencias en las licencias de apertura y cierre, diera el paso de bajar la persiana. La vía está estudiada jurídicamente. De hecho, según las fuentes consultadas, sería la sugerida por la Abogacía de la Generalitat. «La Generalitat va a hacer todo lo que entre en sus competencias por extirpar ese mal para la igualdad de género que es la prostitución», afirmó el jefe del Consell en su intervención.
Cabe recordar que, tal como en su día adelantó Levante-EMV, Puig encargó un informe jurídico para evaluar las opciones de las que dispone para, siempre dentro de sus competencias, avanzar en el camino de la abolición de la prostitución. El jefe del Consell ha solicitado también a su gabinete un análisis completo sobre legislación comparada y un estudio de las políticas públicas desarrolladas en otros países en esta materia.
Ante el dilema regulación-abolición, el presidente apuesta abiertamente por la segunda opción y quiere influir en el Gobierno de Pedro Sánchez para la aprobación de una ley que sitúe a España en el lado de los países abolicionistas.
Durante las jornadas socialistas ahondó en esta tesis y pidió, como hace unos días hizo la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, una modificación en el Código Penal para penalizar tanto a los proxenetas como a los clientes.
Puig parece decidido a liderar este debate e influir lo máximo posible: «Considero que España está en situación para dar un salto abolicionista y desde la Comunitat Valenciana estamos dispuestos a liderarlo», manifestó.
La propuesta del jefe del Consell pasa por tres cuestiones. En primer lugar, castigar penal o administrativamente a quien favorezca la prostitución y a quien la explote o se beneficie de ella: clientes y proxenetas, como hacen Bélgica o Suecia. En segundo lugar, Puig planteó el desarrollo de políticas de integración socio-laboral dirigidas a las prostitutas. Y por último, puso el foco en los hombres, ya que, según afirmó, deben activarse políticas de prevención pensando en los hombres.
En el encuentro socialista, en el que también participó la consellera Bravo, la activista Amelia Tiganus y la filósofa Ana de Miguel, el presidente hizo un llamamiento a la toma de conciencia de la sociedad. «No podemos seguir mirando hacia otro lado y hacer como si no pasara nada cuando en un polígono vemos esa estampa desgarradora de una mujer que espera sola a su cliente», afirmó.
