16 de marzo de 2020
16.03.2020
Levante-emv
Debates empresariales

La patronal pide rebajas fiscales y el Consell recuerda la infrafinanciación

La CEV pide compensar vía impuestos las desventajas territoriales, mayor participación de la iniciativa privada y luchar contra la economía sumergida - Hacienda acepta avanzar en sucesiones, pero avisa de que lo primero son los ingresos

16.03.2020 | 04:15
La patronal pide rebajas fiscales y el Consell recuerda la infrafinanciación

Fiscalidad competitiva. Administración y patronal sentados en la misma mesa para discutir sobre la fiscalidad competitiva. Un debate organizado por la CEV y Levante-EMV del que extraen varias conclusiones: el diálogo entre ambas partes es abierto y franco, pero hay discrepancias de fondo sobre la oportunidad de aligerar la carga fiscal. La CEV lo demanda ya, pero Hacienda avisa de que lo primero son los ingresos y la mejora de la financiación.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) remitió a la Conselleria de Hacienda hace cuatro meses un informe con propuestas para una fiscalidad «más competitiva». El documento, resumido en 28 peticiones , incluidas bonificaciones fiscales en los impuestos de patrimonio y sucesiones, se basa en la tesis de que la fiscalidad es clave para las empresas y aligerarla es una herramienta para avanzar en la competitividad y la creación de empleo.

Este informe fue el leitmotiv del último debate empresarial organizado por Levante-EMV y la patronal y que sentó en una misma mesa a representantes del primer nivel de la Conselleria de Hacienda y del mundo empresarial. Moderados por la subdirectora de Levante-EMV, Gemma Martínez, el foro reunió al conseller Vicent Soler; la directora de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), Sonia Díaz; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; Laura Vicent, presidenta de la Comisión de Economía y Fiscalidad de la CEV; Luis Chinchilla, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana ; Francisco Vallejo, presidente de Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa); y Alfredo García, catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universitat de València.

Durante el debate, la patronal insistió en aminorar la carga fiscal, una petición que encontró comprensión por los responsables de Hacienda, si bien con la advertencia de que ante la actual situación de asfixia en las arcas autonómicas derivada de la infrafinanciación endémica de la C. Valenciana hace contraproducente tocar a la baja los impuestos cedidos o propios.

De hecho, el debate arrancó con la intervención del titular de Hacienda para situar el debate en el contexto actual de una comunidad que padece maltrato financiero. Subrayó el protagonismo que tiene el subsector de las comunidades autónomas a la hora de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, ya que son las que tienen las competencias sobre los servicios fundamentales: sanidad, educación y dependencia. «Es un pozo sin fondo», avisó. «Los ingresos son flexibles, pero los gastos, no», indicó para clamar contra la asimetría fiscal que impone el Gobierno central. «El dinero no es del Gobierno, es el contribuyente». Puso como ejemplo lo que ocurre con la dependencia que asumen las comunidades autónomas, pero sin fondos suficientes. «En cuarenta años de democracia no ha habido una respuesta adecuada a la nueva estructura del Estado desde el punto de vista de la distribución de ingresos», apostilló. Ante este panorama, el conseller mantuvo que el Botànic debe ser «consecuente» con la política fiscal. Reivindicó el trabajo hecho en estos seis años, pues, tras encontrarse con una «fiscalidad parcial y regresiva», se buscó la progresividad y la homologación con otras comunidades en el tramo del IRPF, así como las rebajas en la bonificación de los impuestos de patrimonio y sucesiones. «Hemos de hacer frente a la antipatía de los impuestos», aseguró.

Soler abogó por distinguir entre la política redistributiva y los incentivos a la economía y mantuvo como ejemplo de la «comprensión» del Consell con la empresa familiar las medidas introducidas en los presupuestos de 2020 en el impuesto de sucesiones. Cabe recordar que la bonificación de este impuesto a las empresas familiares (que el presidente Ximo Puig asumió en una promesa electoral) acabó en disputa interna por las diferencias entre Compromís y PSPV. De hecho, fue uno de los asuntos que marcó el debate presupuestario en diciembre. El PSPV solo pudo cumplir a medias con las peticiones del empresariado concretadas en esta figura tributaria en una bonificación del 99 % y sin límite de facturación. Durante el encuentro, Soler se mostró abierto a seguir avanzando en aligerar la presión fiscal en este impuesto y en relajar los requisitos.

Salvador Navarro, por su parte, también comenzó su intervención con una radiografía de la situación empresarial de la C. Valenciana y abrió el foco del debate al señalar la importancia de luchar contra la economía sumergida, una batalla que impele a todos: sociedad, administraciones públicas y empresariado. «¿Qué pasaría si el dinero físico desaparece?», se preguntó. Una idea para luchar contra el fraude y podría ser factible a medio largo plazo. Entrando en arena, el responsable de la CEV se mostró comprensivo con los problemas financieros de la Generalitat, al tiempo que alabó la creación por parte del Consell del Observatorio Fiscal, el órgano que debe hacer un estudio sobre la fiscalidad en la Comunitat, y que contará con la participación de agentes sociales y contribuyentes.

El rescate de servicios públicos

Navarro también aplaudió que el Consell haya decidido acudir a la colaboración público-privada para echar adelante algunas infraestructuras, pero cuestionó que se haya caminado en dirección contraria, y puso como ejemplo el rescate del hospital de la Ribera o las ITV. Sobre este asunto, Soler coincidió en que «no se pueden hacer concesiones sin control», un escenario que, según subrayó el conseller, ocurrió en la etapa popular con empresas teniendo dividendos, pero ofreciendo un servicio deficitario. El conseller dejó claro que «fuera de los servicios públicos fundamentales» sí es bienvenida la colaboración público-privada: «Los liderazgos empresariales son positivos, hay que jugar juntos, con complicidad». El presidente de la patronal lamentó que existan desventajas competitivas territoriales, entre ellas, la fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas. Planteó, además, que para cambiar el modelo productivo es importante también incentivar a las sociedades tractoras para consolidar a firmas proveedoras.

Laura Vicent, coautora del informe, defendió que el objetivo no es solo la rebaja fiscal si bien insistió en la importancia de que en los casos de sucesión de empresas se libere en todos los casos el requisito del tamaño, así como medidas que garanticen el relevo en los negocios al margen de la relación de consanguinidad. «Tenemos talento y debemos protegerlo y para ello hemos de pensar a largo plazo», resaltó.

Desde la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, sostuvo que el futuro observatorio fiscal gestionará de forma eficiente contra el fraude fiscal. Respecto a las sucesiones, Díaz defendió los avances introducidos e insistió en la voluntad de estudiar las cuestiones planteadas por la CEV.

Francisco Vallejo (Ivefa) insistió en la preocupación empresarial por las trabas fiscales que puedan perjudicar el traspaso de un negocio y pidió a la Generalitat que clarifique una normativa «farragosa» que ahonda en el desconocimiento de muchas personas. Y encendió una alarma: la posible desincentivación de algunas empresas que puedan temer que si crecen en facturación puedan verse sometidas a mayor carga fiscal. Es importante, dijo, pensar en el emprendedor, pero también en la continuidad de la empresa familiar.

Chinchilla insistió en las peticiones del informe y planteó «ser atrevidos», aunque no desde el enfrentamiento. «Hay que hacer atractivo el territorio», apostilló. El experto se quejó de que la solidaridad entre territorios se incumple y del agravio que supone que, por ejemplo Madrid, compita con ventaja por el efecto capitalidad. Pidió la supresión del impuesto de patrimonio al entender que desincentiva el ahorro y hace huir el talento. Chinchilla se quejó de la falta de educación tributaria que existe en España.

Por su parte, Alfredo García calificó de «magnífica idea» el observatorio fiscal pues ayuda a superar la confrontación entre el contribuyente y la administración. El experto sostuvo que la prioridad es la financiación justa. «Si no luchamos por ello, lo que hagamos después quedará en segundo plano» y exigió que la lealtad institucional que ha demostrado el Consell debe «ponerse en valor» cuando se cambie el modelo. García mantuvo que el Estado debe establecer un sistema justo y no descargar esa responsabilidad en las comunidades para evitar que hagan la guerra por su cuenta en impuestos.

En la línea de lo apuntado por Chinchilla, indicó que este impuesto debería suprimirse ya que el impacto en la recaudación es mínimo: «el problema es el sistema de financiación. Patrimonio tiene un efecto propagandístico. La fiscalidad no es esencial, pero no debe ser un obstáculo para las empresas», indicó. Pero Soler no lo vio así. El debate se avivó: «tenemos necesidad de todo: estamos al límite». Y defendió que esta será una de las fortalezas que podrá tener el Consell a la hora de negociar con Madrid el nuevo modelo: «Cuando arreglen la financiación ya hablaremos del resto». Soler puso en valor otro tipo de incentivos. «No todo pasa por la política de fiscalidad, está la política activa», dijo Soler en alusión a las políticas a favor de la innovación, el incremento de fondos para la Conselleria de Economía y de la creación de la de Innovación.

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