De ser unos apestados, los únicos culpables de la gran recesión de 2008, a convertirse en el sostén de la economía, capaz de poner al servicio de empresas y familias el dinero que necesitan para hacer frente a la crisis del coronavirus. Son los bancos, que hasta hace meses eran vistos por el primer Gobierno de coalición de la historia de España como merecedores de un impuesto específico para financiar los presupuestos del Estado y ahora son sus aliados para el rescate de la economía. El cambio de condición agrada a las entidades financieras, que han olvidado las viejas rencillas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, conscientes de que para salir adelante la economía española necesita su papel de intermediación ahora más que nunca.

Además, las entidades saben que su supervivencia está supeditada a la de sus clientes y que ir de la mano del Gobierno contribuirá a reparar una reputación que estaba castigada por las malas prácticas del pasado. También ayudarán las medidas que los bancos han adoptando por voluntad propia para ampliar las ayudas del Gobierno, como flexibilizar el pago de los préstamos, adelantar las pensiones o condonar los alquileres en las viviendas de su propiedad de forma temporal. Pueden hacerlo después de que el supervisor del sector, el Banco de España, se haya comprometido a acomodar los deberes de las entidades para que se centren en apoyar a la economía.

La primera plasmación de esta alianza público privada se reflejó ayer en el Consejo de Ministros, que autorizó el primer tramo de avales públicos para pymes y autónomos afectados por el coronavirus por 20.000 millones de euros. El sistema permite que los bancos pongan este dinero a disposición de los dos colectivos, que están sufriendo un descenso drástico de su actividad con motivo del Covid-19 y que requieren de estos recursos para evitar el cierre. Ahora, con la liquidez que les dan los bancos podrán pagar salarios, facturas y otras necesidades de liquidez a corto plazo, incluidos vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Cada operación tendrá el aval del Estado (hasta el 80%). Si los clientes no devuelven el dinero, será el Gobierno quien asuma el coste y no los bancos. Nadie espera que esto suceda, pero contar con la garantía del Estado contribuye a que los bancos venzan sus miedos y presten a pymes y autónomos. Se utilicen o no, los costes de los avales los asumen las entidades, que pueden así cumplir su función básica en la economía y a la vez, mejorar su reputación.