Los ayuntamientos se sitúan en la primera línea de defensa para contener el impacto del coronavirus y encaran la recuperación socioeconómica posterior a la pandemia con los recursos limitados y las manos en cierto modo todavía atadas por las leyes de austeridad. Con ese mar de fondo, las entidades locales aguardan como agua de mayo la inyección extraordinaria de 40 millones de euros diseñada por la Diputación de València con el objetivo de paliar los problemas de liquidez derivados de los gastos imprevistos que ha ocasionado la covid-19.
El reparto de ese suplemento alimenticio servido en bandeja de plata a las famélicas arcas municipales a través del Fondo de Cooperación Municipal se concretó ayer a través de una resolución firmada por el diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, distribuida a los grupos políticos a la espera de que sea ratificada en el pleno previsto esta misma semana, el primero que se celebra en dos meses.
El dinero se añade a los 20 millones de euros que la diputación presidida por Toni Gaspar transfirió la pasada semana a los 266 consistorios de la provincia en el marco del primer pago comprometido del citado Fondo de Cooperación, pactado a medias con la Generalitat (que aporta otros 40 millones). Antes de que el coronavirus se convirtiera en el enemigo número uno de todas las administraciones, Gaspar anunció que doblaría la cuantía consignada hace un año, de 20 a 40 millones. La prolongación del estado de alarma, las demandas de los alcaldes y las dificultades que atraviesan muchos pueblos, sin embargo, han conducido a la institución provincial a elevar a 60 millones (20 millones más de lo previsto) su aportación al Fondo.
La distribución de los últimos 40 millones prometidos se ha dividido en dos partes: una primera con los mismos importes determinados por la Generalitat para cada municipio y una segunda en la que los criterios de reparto son los mismos que los estipulados en el Fondo de Cooperación, pero con una cuantía mínima por localidad y por tramos de población.
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La nueva fórmula tiene una derivada política, puesto que se incluye al Ayuntamiento de València en el reparto de los fondos extra de los que inicialmente el cap i casal había quedado excluido, una decisión que abrió una grieta entre los socios de gobierno y provocó el voto en contra de Compromís a la propuesta inicial, que el PSPV defendió apelando a que el dinero debía servir sobre todo para compensar a los pueblos más pequeños. Aquel conflicto queda ahora zanjado: el consistorio gobernado por Joan Ribó es el más beneficiado y recibirá 1,5 millones de euros dentro de esta segunda remesa adicional, que se suman a los 1,6 millones que le tocaron de la primera.
El dinero se incorpora al Fondo de Cooperación «con voluntad de permanencia», bajo el mismo régimen jurídico que el resto de las aportaciones del mecanismo y la misma naturaleza incondicionada y no finalista, lo que significa que los ayuntamientos y entidades locales menores podrán gastar los recursos en financiar globalmente las actuaciones que consideren oportunas en función de sus necesidades. La inyección se justifica con el propósito de «dotar a los municipios de una mayor suficiencia financiera, unos menores costes administrativos y con especial atención a los municipios de menor población».
Rápido y sin burocracia
El presidente de la diputación ha optado por mantenerse en un segundo plano durante la pandemia, lo que le ha valido acusaciones de inmovilismo y críticas de la oposición. Gaspar defiende que el organismo se centra en el escenario postcrisis, haciendo llegar el dinero de la forma más rápida posible y sin burocracia a los ayuntamientos, a la espera de poder desbloquear cuanto antes el plan de inversiones de 140 millones de euros paralizado por el estado de alarma.
