El expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, presunto cerebro de la trama de Erial, ha presentado un escrito al juzgado de Instrucción 8 de València en el que solicita que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional. La defensa del exdirigente del PP, dirigida por el exfiscal Daniel Campos, considera que la magistrada Isabel Rodríguez no es competente para investigar los hechos por los que permanece imputado.
Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso el periódico Levante-EMV, aún negando los hechos, el abogado de Zaplana traslada que teniendo en cuenta que se investigan sociedades radicadas en varios países y que los delitos pueden producir grave repercusión en la economía nacional, el órgano competente para dirigir el caso es la Audiencia Nacional.
«El supuesto delito de cohecho que se imputa a mi representado se habría cometido, según la tesis de los investigadores, en Luxemburgo. Por su parte, los actos de transmisión, conversión u ocultación de las dádivas obtenidas, y que en su caso constituirían el delito de blanqueo de capitales imputado en la presente causa, también se habrían cometido en el extranjero», recuerda la defensa.
Por tanto, recoge el documento, «lo que resulta evidente es que ninguno de los hechos objeto de la presente causa y recogidos en los informes policiales, escritos del Ministerio Fiscal o resoluciones judiciales se habría cometido en el partido judicial de València, de donde resulta la falta de competencia de este».
Rodríguez es la jueza que investiga a Zaplana desde que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia tras el hallazgo casual de unos documentos que incriminaban al exjefe del Consell. Pese a la presión ejercida desde distintos ámbito, la jueza mantuvo en prisión provisional a Zaplana durante nueve meses y no acordó su libertad hasta retener los 6,4 millones de euros que los investigadores han encontrado en Suiza.
Ahora, la defensa de Zaplana afirma que «la naturaleza de los delitos investigados, las graves consecuencias económicas de los mismos (según la tesis de la instrucción) y la complejidad societaria y financiera de las operaciones investigadas determinan la atribución de la competencia a dicho órgano especializado».
En este sentido, los abogados del exministro de Trabajo reiteran que «es del dominio público que la Audiencia Nacional se ha declarado competente para la instrucción y ulterior enjuiciamiento de numerosos procedimientos relativos a la corrupción sobre la base de que el delito de blanqueo de capitales asociado a los mismos, se había perpetrado básicamente fuera de España».
Zaplana cita como ejemplo los casos Gürtel, Púnica, Lezo o Pujol. La investigación está suspendida por el estado de alarma.
