Si el Gobierno no lograra el preceptivo aval del Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma podría recurrir a varias leyes sanitarias para seguir actuando contra el coronavirus, pero perdería el mando único y estaría obligado a una mayor coordinación con las comunidades autónomas. Ello acarrearía riesgos para una aplicación exitosa y segura de un proceso de desconfinamiento que ya está en marcha, tal y como advierten varios constitucionalistas, quienes al mismo tiempo que admiten la posibilidad de acudir a un marco legislativo alternativo inciden en la mayor complejidad que supondría su aplicación.
La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 se presenta como la principal norma que podría utilizar el Ejecutivo en caso de no conseguir respaldo parlamentario a una nueva prórroga del estado de alarma. Se trata de una ley breve, de solo cuatro artículos.
El tercero dice: «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
Sin autoridad para confinar
Pero ninguna faculta al Gobierno para mantener el confinamiento que se activó con el estado de alarma, cuya prórroga ponen en entredicho cada vez más fuerzas de la oposición y también muchas comunidades autónomas.
La cuestión está en que si el Gobierno se queda sin su «hiperliderazgo», en palabras del catedrático José Manuel Vera, estaría más obligado que nunca a coordinarse con las 17 comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia sanitaria, y tendría muchos problemas para dar marcha atrás en la desescalada si así lo aconsejara un rebrote de la pandemia.
El reto de combatir el coronavirus sin el Ejecutivo al frente se presenta especialmente complicado por las patentes diferencias entre ellas en cuanto al impacto la pandemia y su orientación política. Y aunque sí sería competentes para adoptar medidas sanitarias no podrían restringir la libertad de movimientos, como hasta ahora ha hecho el Gobierno.
