La Generalitat Valenciana y las notarías intercambiarán información de 25.000 personas con responsabilidades públicas para prevenir el fraude y la corrupción.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, firmó ayer un convenio con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sánchez, por el que la Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat podrá consultar las bases de datos de las notarías para prevenir las malas praxis administrativas, irregularidades y, en última instancia, casos de fraude o corrupción.
Según informó la conselleria en un comunicado, el Consejo General del Notariado, en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con lo que establece la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ha creado una base de datos de titularidades reales y otra de personas con responsabilidad pública.
Estas bases de datos son muy útiles para conocer los propietarios reales de sociedades o determinadas propiedades, pues muchas veces los cambios no se trasladan a los registros para que no sean públicos y sus titulares reales permanezcan ocultos, como ha ocurrido en investigaciones tan destacadas contra la corrupción como las que acabaron con las detenciones de Eduardo Zaplana o Alfonso Rus. Según apuntó la conselleria, el primero de los repositorios digitales de las notarías identifica a las personas físicas que poseen acciones o participaciones de sociedades o personas jurídicas. Mientras, el segundo identifica a más de 25.000 personas con responsabilidad pública, así como a sus familiares o allegados.
Control de los negocios
Estos mecanismos buscan controlar de modo eficaz los negocios que desarrollan todas aquellas personas que ejercen un cargo público. La ley de la Inspección General de Servicios y Sistemas de Alerta para la prevención de malas prácticas en la Generalitat y su sector público instrumental establece que los inspectores podrán nutrirse de bases de datos internas y externas para consolidar un sistema de alertas para prevenir malas prácticas y corrupción. De esta forma, tras el convenio firmado ayer, los inspectores de la Generalitat podrán acceder a estas bases de datos en las condiciones que se determinan en el acuerdo ya que se trata de información sensible.
Según razonó la consellera en un comunicado, «con la firma de este convenio damos un paso muy importante en la lucha contra la corrupción y para la consolidación del sistema de alertas».
La Fiscalía Anticorrupción ya estaba adherida a esta iniciativa y desde hace un tiempo tiene acceso a esta información. Ahora son los inspectores de la Generalitat los que dispondrán de ella.
Para la consellera, con este acuerdo «tenemos una herramienta más para la lucha contra la corrupción gracias al uso de potentes bases de datos -como las que tienen los notarios-, garantizando en todo momento los derechos de protección de datos de carácter personal». La duración del convenio será de cuatro años.
