El mundo rural ocupa el 70 % del territorio de la Comunitat Valenciana, aunque desde 1985 los agricultores han abandonado un tercio de los campos. En concreto, en los últimos 35 años se han dejado de cultivar más de 275.000 hectáreas por la falta rentabilidad y por la presión urbanística.
El urbanismo valenciano de la primera década de los años 2000 fue un gran depredador de suelo rústico o no urbanizable. Un total de 2.000 planes urbanísticos se tramitaron entre 2003 y 2012 y otros 1.000 más entre 1997 y 2002. Los municipios valencianos reclasificaron de suelo rústico a urbanizable un total de 13.913 hectáreas (una superficie equivalente a 18.929 campos de fútbol). Solo el 25 % de esta superficie (3.467 hectáreas) estaba prevista o incluida en los planes generales municipales (los antiguos PGOU). El 75 % restante era «extraplan» y se materializó mediante la fórmula de los «planes parciales modificativos del PGOU». Una figura legal prevista en la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) que se convirtió en coladero para las reclasificaciones masivas de suelo aprobadas la pasada década. Una puerta de atrás que utilizaron planes polémicos como los PAI de Porxinos (Riba-roja), Rabasa (Alicante) o Mundo Ilusión (Cabanes y Orpesa).
Fuentes de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advirtieron de que el precio de la tierra en la Comunitat Valenciana es mucho más bajo que en Murcia, Andalucía o Extremadura y aseguraron que algunos herederos de terrenos agrícolas que no quieren seguir ligados al campo como sus padres tienen dificultades para vender los suelos.
