El fondo no reembolsable del Gobierno para las autonomías empieza a ser realidad, mes y medio después de su anuncio. El consejo de ministros aprobó ayer el decreto ley para su creación y, como era de prever, los criterios de reparto definitivos provocaron reacciones de todos los gustos. El dinero debe empezar a llegar en julio, cuando está previsto que se transfiera el primer tramo, el más voluminoso (6.000 millones), destinado a gasto sanitario computado hasta el 30 de abril.
La Comunitat Valenciana queda mejor o peor, según se enfoque, como casi siempre en un reparto entre 17 autonomías, Ceuta y Melilla. Si se compara con las previsiones cuando se anunció el fondo, a principios de mayo, el resultado valenciano ha mejorado: entonces los cálculos más optimistas situaban un ingreso global de 1.200 millones; con los criterios finales, el Consell se llevará cerca de 1.470 millones. No obstante, la cifra no es definitiva, porque hay variables aún abiertas. Por ejemplo, para el segundo tramo del gasto sanitario (3.000 millones) se actualizarán los datos con fecha de final de octubre.
Con todo, la C. Valenciana no recibirá del fondo covid una cantidad equivalente a lo que representa su población en España (el 10,6 %). Los cerca de 1.470 millones son el 9,2 %.
Presidencia daba por asumida esta circunstancia desde el momento que los tramos sanitarios del fondo buscaban dar prioridad a los territorios con un mayor impacto de la pandemia. Ximo Puig aceptó como justa esta consideración desde el principio y no la ha cuestionado.
No obstante, el peso de la población y otras variables han ido ganando espacio en la distribución. De esta forma, fuentes de Moncloa deslizaban ayer que la solución final «es claramente favorable» para la C. Valenciana, con más de 1.400 millones asegurados, y que otras autonomías pueden quejarse de que no ha sido uno de los territorios más afectados por la covid-19, cuando el fondo está creado precisamente para paliar el gesto por la pandemia. La C. Valenciana ocupa el puesto decimotercero por afección de la epidemia entre las 17.
En política nunca faltan argumentos y el decreto ley no fue recibido de la misma manera ayer ni siquiera en el seno de los grupos que forman el Gobierno valenciano. Compromís calificó de «escandaloso» el reparto del tramo para el transporte. La valoración se circunscribió a estos 800 millones del total.
El fondo covid se distribuye en cuatro tramos. Los dos primeros se reparten en función del gasto sanitario con unos criterios que se actualizaron a principios de este mes para dar más peso a la población, por encima de los ingresos en UCI y las hospitalizaciones, que primaban en el borrador inicial. Esa modificación benefició a la C. Valenciana y se respeta en el decreto de ayer.
Tampoco hay alteraciones sobre lo conocido en el tercer tramo (los 2.000 millones para gastos educativos), donde se impone el criterio poblacional. La C. Valenciana se lleva el 10,8 % de la cifra citada, según el cálculo de la Conselleria de Hacienda.
La novedad: el cuarto tramo
La novedad estaba ayer en la cuarta porción del pastel: los 5.000 millones para compensar la merma de ingresos, que se subdividen en 4.200 millones para pérdidas en impuestos y 800 por transporte. La disputa entre comunidades por la primera parte ha sido dura y se dilucidó el jueves pasado: el 60 % por la pérdida en las tasas de actos jurídicos documentados (la que se aplica a compras de viviendas), el impuesto especial de transportes y el del juego, y el 40 % restante en función de la población.
A la C. Valenciana le hubiera interesado (paradojas de la vida) un menor peso del censo en este caso, ya que tiene sectores económicos especialmente dañados, pero el conseller Vicent Soler se daba ayer por satisfecho dada la presión de otras comunidades para alterar las proporciones. La Comunitat Valenciana se quedará con el 12 % del presupuesto de este tramo (por encima de lo que representa su población).
En la oposición valenciana, las reacciones también son diferentes. El PP fue muy crítico con el ersultado final. «Malas noticias», dijo Rubén Ibáñez. Ciudadanos cree que el fondo es «una buena noticia», aunque sospecha de arreglos especiales para Euskadi.
No obstante, País Vasco y Andalucía son dos de los gobiernos que se aprestaron ayer a protestar. La ministra Montero intentó calmar. Los territorios más afectados serán los que más reciban y el primero será Madrid, sentenció.
