El presupuesto del Estado de 2019, aquel que diseñó el primer Gobierno de Pedro Sánchez y que fue tumbado por el Congreso forzando con ello la disolución de la Cámara, preveía inversiones por 1.189 millones en la Comunitat Valenciana. Una cifra histórica, se dijo entonces (enero de 2019). Era «el mejor presupuestos de los últimos 15 años» (palabra de Ximo Puig). La cifra puede ayudar a poner en valor los cerca de 1.470 millones que va a recibir la Comunitat Valenciana en los próximos meses del fondo covid para paliar los gastos de la pandemia.
El histórico (y frustrado) proyecto de cuentas de 2019 aportaba a la C. Valenciana el 9,8 % de la inversión territorializada, muy por encima de los años anteriores, cuando se quedaba entre el 6 y el 7.5 %. La parte valenciana del ahora fondo covid representa el 9,2 %. No es el 10,6 % (el peso de la población valenciana), pero no son porcentajes frecuentes por estas latitudes cuando se trata de repartir dinero del Estado. Sin embargo, ni siquiera en eso la izquierda gobernante valenciana ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Ni aplauso (ni oprobio) compartido.
Tiene que ver también con la estrategia de enfrentamiento que, durante el estado de alarma, se ha agudizado entre Compromís (en estado precongresual) y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
La respuesta de la coalición el día que el consejo de ministros aprobaba el fondo fue condenar la distribución de la parte para el transporte por su diferencia con Madrid y Cataluña. «Escandaloso», «varapalo del ministro» (el valenciano José Luis Ábalos), dijo el diputado (único) de Compromís en el Congreso, que incluso ironizó con el apellido del citado: «Varapábalos».
Los socialistas salieron por tierra, mar y aire a aclarar que la C. Valenciana recibe la misma proporción que los demás: un tercio de los ingresos anuales de los transportes públicos autonómicos. Pero la mecha ya prendía.
Hace semanas que huele a gasolina en los metros de distancia que separan a Compromís del Gobierno progresista que ayudó a investir. El no de Baldoví a las dos últimas peticiones de prórroga del estado de alarma es la evidencia, pero cada día son más frentes abiertos. El del martes es un punto y seguido del choque por la no financiación de la EMT de València (el Ejecutivo alega que ninguna empresa municipal de transportes recibirá dinero del fondo covid).
Esta semana la coalición se ha movilizado en pos de una comisión de investigación sobre los negocios del rey emérito. El PSOE tuvo que votar con PP y Vox en la Mesa del Congreso para rechazarla.
El ingreso mínimo vital también ha distanciado al partido socio en el Consell de sus aliados socialistas en el Gobierno de Madrid. Han defendido un traspaso de la gestión y del presupuesto para evitar duplicidades con la renta valenciana de inclusión. El Ejecutivo no ha aceptado, porque considera más rápida y eficaz la tramitación a través de la Seguridad Social. El cruce de declaraciones sobre la eficiencia en la gestión deja heridas abiertas que los millones anunciados del nuevo recurso ayudan, de momento, a ocultar.
La política del ministerio sobre cítricos es otro factor de colisión. Se vio el martes en el pleno en Corts, al debatir una comisión de estudio. Compromís criticó la gestión del ministro, Luis Planas. Carles Mulet suele atizar (verbalmente) al valenciano de origen en el Senado. Con su gestión, Sudáfrica no necesita ministro, dijo ayer.
