El Diario Oficilal de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado esta mañana la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (2020/4768) sobre la adopción de medidas relativas a centros sociales de carácter residencial ante la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19 una vez finalizado el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo.

Los fallecidos en residencias en la Comunitat Valenciana son, según el último recuento, 557 personas usuarios de centros de mayores en el marco de la pandemia. En toda España se calcula que han muerto unos 20.000 usuarios de residencias públicas y privadas, aunque el Gobierno todavía no ha publicado las cifras oficiales reclamadas a las comunidades autónomas. En este contexto, el Consejo Territorial de Servicios Sociales ha acordado proponer la creación de un grupo de trabajo para analizar la situación de los centros sociales residenciales, el futuro de la atención a las personas mayores y las medidas que deben adoptarse "inmediatamente" para preparar una respuesta adecuada ante posibles rebrotes de la pandemia del coronavirus.

Una vez finalizado el estado de alarma, corresponde a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública adoptar las medidas oportunas para el control de esta enfermedad entre las personas mayores, con discapacidad "y otras personas usuarias de centros de servicios sociales de carácter residencial". Por todo ello, en el caso de su propagación en personas vulnerables en centros residenciales, "hace necesario el mantenimiento de medidas organizativas y de coordinación, orientadas a reducir el riesgo de contagio así como a tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran esta enfermedad".

La Conselleria de Sanidad dictó, con fecha 18 de marzo, resolución por la cual se acordaban medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias de personas mayores dependientes, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública. A partir del cese del estado de alarma se establecen medidas organizativas para seguir garantizando la prevención y control sanitario de la infección en los centros residenciales de servicios sociales.

Se establece que los centros de servicios sociales de carácter residencial seguirán siendo objeto de vigilancia y seguimiento respecto a la existencia y posible aparición de casos de Covid-19, por la Comisión de control de centros residenciales, constituida en cada departamento de salud.

La Comisión establecerá y aplicará todos los mecanismos necesarios para garantizar la prevención, detección, atención integral y control frente al Covid-19. Presidirá dicha Comisión la Gerencia o la Dirección de Atención Primaria del departamento de Salud y la formará personal con competencias en materia de Salud Pública, Medicina Preventiva, prevención de riesgos laborales, Hospital a domicilio, inspección de servicios sanitarios, un representante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de aquellos profesionales que considere necesarios incorporar la gerencia. En los departamentos en régimen de concesión, debe formar también parte de ella el comisionado de la Conselleria.

Se siguen estableciendo los siguientes grados de control de vigilancia sanitaria:

— Grado 0 (G0): centros sin ningún caso sospechoso o confirmado activo en residentes ni en trabajadores. Implica el seguimiento y control de que las medidas que se adoptan son las adecuadas y para detectar la aparición de posibles casos.

— Grado 1 (G1): centros con uno o más casos sospechosos o confirmados activos de Covid-19 en residentes o trabajadores, que determina la declaración de brote por salud pública. Implica vigilar la evolución de los casos positivos y de la situación epidémica, y la adopción de las medidas de prevención y protección adecuadas, en colaboración con los recursos sanitarios y el servicio de prevención de riesgos laborales del centro residencial.

— Grado 2 (G2): centros con una evolución en gravedad de la situación epidémica en residentes o trabajadores, que determina, a criterio de la Comisión de control de centros residenciales, la resolución de implementación de medidas para el control de la asistencia sanitaria del centro.

Además se establecen otras medidas, como que los centros residenciales que a fecha 21 de junio estén en vigilancia activa de control sanitario grado 1 y grado 2 se mantendrán en esta situación hasta el cierre del actual brote activo que justifica esa actuación, con las mismas medidas de protección y aislamiento. Para cada centro residencial en vigilancia activa G1 o G2, la Comisión de control designará un profesional empleado público como coordinador de la asistencia sanitaria que garantizará que se han adoptado las medidas establecidas sobre la ubicacio?n y aislamiento en el centro, medidas higie?nicas y de proteccio?n, coordinacio?n para el diagno?stico, seguimiento y, en su caso, derivacio?n sanitaria de los residentes.

Se indica también que aquellas resoluciones que puedan implicar el confinamiento en espacios cerrados y la limitación de derechos y libertades de las personas residentes, deberán ser comunicadas a la autoridad judicial y a la fiscalía.

La resolución publicada mantendrá su eficacia hasta que la situación sanitaria en relación con el brote epidémico permita su reconsideración, modificación o puner fin a la misma.