La vuelta al trabajo presencial de la totalidad de la plantilla acordada el viernes por el pleno del Consell a propuesta de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas acabó ayer en bronca interna en el ejecutivo. El enfrentamiento entre el departamento que encabeza Gabriela Bravo y las conselleries gobernadas por Compromís (de forma más visible las de Economía y Agricultura) evidencia que la pandemia ha acentuado la brecha entre los socios y que las costuras del Botànic están sueltas.
A efectos prácticos, las diferencias internas supusieron un regreso desigual de los funcionarios y funcionarias al puesto de trabajo en función del departamento de adscripción. La tormenta se desató el fin de semana cuando dos conselleries (Economía y Agricultura) se rebelaron abiertamente contra la resolución de Función Pública para retomar, salvo casos excepciones (personal con salud vulnerable), la modalidad de trabajo presencial. Ambos departamentos dictaron sus propias instrucciones, en las que por «prudencia» mantenían el teletrabajo y prevén una vuelta gradual al tiempo que acusaban a la conselleria de Bravo de improvisación y de contravenir normativa anterior del propio Consell y del Gobierno central que da prioridad al teletrabajo.
La postura de estos departamentos, que se acogen a la ley de Gobierno de 1983 para reclamar la autonomía de las subsecretarías para tomar decisiones que afectan a la gestión de personal, generó malestar en el departamento de Bravo, pues tiene la competencia transversal de Función Pública. En declaraciones a los medios de comunicación, la consellera mostró su contrariedad con lo ocurrido y pidió a estas conselleries «responsabilidad» para implementar las medidas necesarias para garantizar la vuelta segura de todo el personal. Bravo se defendió de las acusaciones de haber improvisado la vuelta al puesto de trabajo recordando que el 8 de mayo dictó una resolución en la que se planificaba «con todo lujo de detalle» la desesecalada del funcionariado y que ya preveía una presencia mínima del 85 % en la fase de nueva normalidad.
Y es aquí donde ambas partes están enfrascadas. Para Bravo las conselleries han tenido un mes y medio de margen para aprobar los planes de contingencia específicos y para planificar el regreso físico del personal: «Alguien no ha asumido su responsabilidad», apuntó. Sin embargo, desde estos departamentos se sostiene que esa resolución quedó superada por el Real decreto del Gobierno y el del 13 de junio del president Ximo Puig de fin del estado de alarma, que habla de fomentar los medios no presenciales de trabajo. Subrayan que el decreto de Bravo del pasado 19 de junio cambia las reglas del juego, ya que desaparece el porcentaje mínimo presencial y se olvida del teletrabajo. Además, apuntan que las normas han ido cambiando (la distancia mínima entre trabajadores pasa de 2 a 1,5 metros) por lo que deben reunirse de nuevo los comités de salud laboral y modificar los planes de contingencia diseñados con otra normativa.
Pero más allá del debate normativo, subyace el desencuentro sobre cómo afrontar esa nueva normalidad en la función pública. Justicia cree que ante el parón administrativo que ha conllevado la pandemia es clave la vuelta al puesto, mientras que Economía advierte de que sigue la alerta sanitaria y hay que estar preparado para posibles rebrotes. Esta conselleria, la más combativa, no tiene previsto una desescalada completa hasta que acabe la alerta sanitaria y será flexible para mantener el teletrabajo hasta por razones de conciliación. En Agricultura, por ejemplo, piensan que hasta septiembre no habrá un regreso completo y apuntan que no todos los centros de trabajo son iguales ni están adecuados para cumplir con las medidas de distancia social o elementos de protección como las mamparas. Otras conselleries, también de Compromís como Educación e Igualdad, se dan margen cómo mínimo de una semana para afrontar el cumplimiento del acuerdo.
Función Pública optó ayer por emitir una circular con la normativa a modo de recordatorio para cumplir con el acuerdo. El presidente Puig avaló a Bravo al apuntar que el regreso estaba previsto y deben hacerlo «como cualquier trabajador de cualquier sector», con las excepciones que haya, «y no tiene por qué haber ningún problema».
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