La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que acudieron al Síndic de Greuges en 2019 plantearon quejas por los retrasos en conseguir los derechos o prestaciones que les reconocen las leyes. «Los plazos se exceden de forma escandalosa, por acostumbrada, en asuntos tan básicos como la Renta Valenciana de Inclusión; vivienda; atención a la dependencia; prestaciones de emergencia, sanitarias». Así se desprende del Informe anual de 2019 del defensor del pueblo valenciano Ángel Luna, recién enviado a les Corts Valencianes, donde consta que el año pasado se tramitaron 4.528 nuevas quejas, 33 de oficio, y 11.923 consultas de la ciudadanía.
La conselleria que sale más mal parada es la de Igualdad y Políticas Inclusivas, que acumula 1.349 quejas, seguida a gran distancia por Sanidad con 489, Agricultura (270), Educación (164), Vivienda (112), Economía Sostenible (49), Hacienda (18), Obras Públicas (8), Transparencia (3) y Universidades (2). Presidencia tiene ocho reclamaciones, mientras que las Corts solo registran dos quejas. Los entes locales contabilizan más de 1.500 reclamaciones iniciadas durante 2019.
La conselleria que preside la vicepresidenta Mónica Oltra es la que más observaciones acapara por parte del Síndic, debido, principalmente, a los atascos en la Renta Valenciana de Inclusión, las demoras de hasta 16 meses en dependencia o la falta de coordinación en la protección de los menores.
Así, la demora en resolver los expedientes de renta de inclusión ha provocado que las personas solicitantes se vean forzadas a demandar ayudas de emergencia municipales. «Lamentablemente, los plazos de resolución no se cumplían con la renta garantizada de ciudadanía y siguen sin cumplirse con la renta de inclusión», se recoge en la comunicación del Síndic, que sí que reconoce «un importante avance normativo», pero aún así «se está viendo seriamente comprometida en su eficacia y sus plazos por la forma de descentralización de la tramitación y gestión en las entidades locales, sin garantizar una dotación de personal suficiente ni, sobre todo, estable». Y es que, en muchas ocasiones, los ayuntammientos superan con creces los tres meses de plazo legales para realizar los informes, llegando incluso a sobrepasar el año en las grandes capitales como València y Alicante.
A su vez, también las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas demoran la resolución de los expedientes más allá de los tres meses preceptivos, una vez recibidos los citados informes-propuesta.
Respecto a la tramitación de la dependencia, el defensor del pueblo valenciano alerta de que las demoras llegan a «superar los 16 meses» en alguno de los centros de valoración, a pesar de tratarse de un procedimiento considerado de «emergencia ciudadana» y que su resolución debería producirse en un plazo máximo de tres meses. Son 779 las quejas presentadas por estos retrasos (en la tabla adjunta se pueden observar las principales quejas por materias).
Luna reitera que los ayuntamientos, en muchos casos, aún «siguen sin estar preparados» para asumir la carga de trabajo que supuso la descentralización de la tramitación de los expedientes. Esta demora se produce pese a los incrementos de medios personales y materiales producidos por el aumento de las subvenciones de la conselleria. El Síndic abrió una queja de oficio sobre estos retrasos.
Asimismo se han tramitado numerosas quejas relacionadas con los retrasos en la tramitación de los títulos de familia numerosa, con el consiguiente perjuicio económico para estas. El Síndic ha recomendado a la conselleria que realizase modificaciones en plazos y, sobre todo, incorporase más medios personales y materiales.
En el ámbito sanitario se contabilizan 439 quejas, principalmente por las demoras en la asistencia tanto en el ámbito de la atención primaria como de la atención especializada (intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas).
Por otro lado, se recrimina la falta de coordinación entre direcciones de las conselleries de Sanidad y Políticas Sociales para la protección jurídica de los menores. En Educación, el estado de los colegios e institutos también ha sido motivo de numerosas quejas, tanto iniciadas de parte como también incoadas de oficio por la institución ante las «preocupantes» noticias relativas al «escaso mantenimiento o deficiente conservación» de los centros o a la falta de construcción de nuevas instalaciones para sustituir a los barracones.
