Una treintena de personas dio ayer su apoyo a la familia propietaria de un campo de nueve anegadas de Alboraia que se ha visto afectado por la instalación de una torre de electricidad, prevista en las obras de ampliación de la V-21. La protesta estaba convocada por el colectivo Per l'Horta que insiste en denunciar que además de destruir 62.000 m2 de huerta productiva con la construcción del tercer carril, las obras «han dejado un rosario de parcelas minúsculas sin viabilidad para el cultivo que han quedado condenadas al abandono y la degradación de los campos cercanos, por lo que se genera un problema agrario, social y medio ambiental más grande de lo que parece».

El último episodio de este proceso afecta a un campo en plena producción donde el Ministerio de Transportes pretende trasladar «una torre eléctrica de alta tensión próxima a la V-21 a la parte central de esta parcela agrícola», explican desde Per l'Horta. La familia propietaria de la parcela no se opone a la instalación de la torre eléctrica, pero sí piden sensibilidad a la hora de escoger la ubicación. «Sólo trasladar la torre diez metros evitaría arruinar el campo y la collita», aseguraba ayer la propietaria de la parcela, Carmen Dolz, en una entrevista concedida a À Punt. La familia afectada considera que es técnicamente viable trasladar unos metros la torre, además de alejarla de las viviendas más cercanas.

Sin embargo, según Per l'Horta, «la demarcación de carreteras se ha limitado a argumentar que no van a modificar el proyecto» y el pasado 9 de julio «ignorando las alegaciones de la familia propietaria de los terrenos, los operarios de OHL (adjudicatarios de la obra) procedieron a vertir y extender tres o cuatro camiones con grava, arcilla y piedras para terraplenar no sólo los cuatro metros cuadrados expropiados, sino también un tramo de acceso de 10 metros de largo». Una actuación que paralizaron la pasada semana.

Per l'Horta insiste en que este vertido de tierras «ha perjudicado a la calidad, estabilidad y nivel del campo y, por tanto, a la a productividad y calidad de las futuras cosechas». Una actuación que el colectivo considera «una agresión, dentro de un contexto de desatención generalizada del Ministerio de Transportes a las necesidades de los labradores que mantienen en producción los campos limítrofes a las obras». Y denuncian el incumplimiento del plan de obras, que establece la reposición de acequias y caminos de acceso a campos de cultivo, por lo que muchos labradores «han perdido turnos de riego, no han podido acceder a sus campos, recoger la cosecha o han tenido que rehacer ellos mismo los márgenes». Piden la mediación de la Delegada del Gobierno, Gloria Calero, para evitar estas situaciones.

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