CCOO-PV presenta una querella por las torturas a sus fundadores

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) del País Valenciano se ha personado como acusación contra los sospechosos de haber torturado a sus fundadores en el sumario respaldado por la Plataforma de Apoyo la Querella Argentina. El sindicato actuará junto a 11 querellantes en dos sumarios cuyos hechos se remontan a los años 1968 y 1970, en los que se investiga a personas a las que los querellantes acusan de torturas y crímenes contra la humanidad cometidos en el marco de la dictadura franquista, según informan fuentes de CC OO.

La querella se presentó ayer en la sede del sindicato en València. El secretario general de CCOO PV, Arturo León dió los detalles de la denuncia en un acto en el que participaron la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez; Llum Quiñonero, presidenta de la asociación Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme (Plataforma de Suport a la Querella Argentina del PV); y dos de los querellantes, César Llorca y Ángel Ramón García Aparicio.

El primer sumario alude a hechos ocurridos en noviembre de 1968, cuando fueron detenidos 36 trabajadores. En los registros, detenciones, interrogatorios y torturas a las que fueron sometidos participaron 23 miembros de la Brigada Político Social de València y Sagunt (Puerto).

Tras su ingreso en prisión, los detenidos fueron procesados por la Jurisdicción Militar y acusados de un supuesto delito de rebelión militar. Además, 19 de ellos denunciaron desde la cárcel en cartas manuscritas dirigidas al titular del Juzgado Militar las torturas de las que habían sido objeto, como corrientes eléctricas, que les aplicaron atados a una cama metálica. El segundo sumario se sitúa en octubre de 1970, cuando la Brigada Político Social desató una nueva operación contra CCOO, en este caso contra 16 trabajadores de distintas empresas del metal (como Macosa, Elcano y Unión Naval de Levante), entre los que se encontraban una mujer y dos sacerdotes. Se les detuvo encañonándolos con una pistola a la salida de una reunión en las Escuelas de San José a donde habían acudido para debatir el convenio del metal. «Un repaso a la tabla salarial de este convenio muestra el compromiso de estos hombres y mujeres, que se jugaban el despido y su libertad por el aumento de unos céntimos y unos días de vacaciones. Evidencia también la mezquindad empresarial y la brutalidad policial», según el sindicato.

Cabe destacar la movilización de muchas comunidades cristianas, que celebraron asambleas en parroquias y centros de trabajo denunciando la represión y pidiendo la libertad de los detenidos.