Un día después de conocerse el preocupante aumento de los delitos de odio en las estadísticas de criminalidad -un 15,2 % solo en la C. Valenciana, y no es de las peores-, el Ministerio del Interior ha lanzado un nuevo protocolo que ayudará a las fuerzas de seguridad a detectar con mayor eficacia ese tipo de infracciones. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, se apoyó ayer en una cifra escalofriante: los estudios más conservadores estiman en un 80 % la cifra oculta de delitos de odio. Es decir, solo se denuncian y, por tanto, se conocen, dos de cada 10 ataques que tienen como motivación discriminar a alguien por su religión, su origen, su discapacidad, su edad, su condición sexual, su ideología, su género o cualquier otro hecho diferencial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska anunció la puesta en marcha de ese nuevo protocolo policial ayer, haciéndolo coincidir con el Día Europeo en Memoria de las Víctimas de los Delitos de Odio, instaurado por el Consejo de Europa a raíz de la masacre de Oslo y Utoya (Noruega) el 22 de julio de 2011, que provocó 77 muertos, en su mayoría adolescentes, y más de un centenar de heridos, a manos del supremacista y ultraderechista Anders Breivik, que atacó un campamento juvenil de verano del partido laborista noruego.

El protocolo es «un conjunto de reglas y pautas, unificadas y homogéneas, que permitirá a los agentes policiales una eficaz identificación, correcta recogida de datos y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias», lo que mejorará la eficacia policial en la investigación y esclarecimiento de estos ataques.

El documento que manejarán los policías incluye una exhaustiva relación de conductas punibles tanto en el marco jurídico penal -delictivas- como en el administrativo, así como un completo listado de los «indicadores de polarización', indicios que permiten orientar la investigación de un delito para detectar posibles motivaciones racistas, xenófobas o de otra naturaleza, explicó el ministro.

Una de las novedades que mejora la situación de las víctimas es su protección, algo que el actual Gobierno está incluyendo en todas las iniciativas legislativas de carácter social y en las herramientas que, como este protocolo, pretenden enmendar situaciones humillantes en el ámbito penal. Así, las víctimas tendrán derecho a protección desde el principio y deberán ser derivadas a las oficinas de atención a víctimas de delitos, como las 29 integradas en la red valenciana que depende de la conselleria de Justicia, donde recibirán información, acompañamiento y apoyo psicológico, social y legal.

Además, se ha mejorado la aplicación para móvil Alertcops, con una funcionalidad que permite la conexión inmediata de la policía con una víctima o un testigo de un delito de odio y el envío de fotos, vídeos o cualquier otro archivo.

A ello se suma una campaña de sensibilización en las redes sociales bajo la etiqueta #AcabaConElOdio, con la que se pretende animar a las víctimas a que pongan en conocimiento de las autoridades policiales, fiscales o judiciales cualquier discriminación que sufran y a quienes lo presencien, a que lo denuncien «y no se callen». Rafael Pérez Ruiz insistió en que «no podemos ser meros espectadores, porque los delitos de odio fracturan nuestra sociedad». Este tipo de hecho «es un ataque a la esencia de la condición humana, que busca dinamitar nuestro modelo avanzado de convivencia», sentenció el ministro.