La Asociación estatal del Profesorado Asociado de las Universidades públicas, presidida por la valenciana Isabel de la Cruz, ha pedido al Ministerio de Universidades que detalle en el nuevo estatuto del Personal docente e investigador universitario (PDI) cuál será la masa salarial de las nuevas figuras laborales que en él se crean y cómo promocionarán los docentes asociados hasta conseguir una estabilidad que no se da hoy en día.
La plataforma ha sido reconocida por el ministerio como interlocutora de pleno derecho y, tras realizar la solicitud, se reunió de forma telemática en julio con el ministro Manuel Castells, quien aseguran que mostró su «empatía» con la situación del personal.
Según detalla De la Cruz, el problema que han detectado en el borrador que debe renovar el texto actual es que «no queda clara la posición de los asociados, no vemos cómo se va a producir la estabilización y tampoco están claros los términos económicos». Desde la plataforma recuerdan que estos profesionales realizan su trabajo en «condiciones de alegalidad y en fraude», pues las universidades hacen «un mal uso de esta figura» -entre otras cosas, por no poder contratar, debido a las tasas de reposición-.
Por eso, entre otras reivindicaciones que han trasladado al ministerio, reclaman una «mayor estabilidad y que se posibilite su carrera académica». En concreto, «preocupa mucho el valor que se le debe dar a las horas de docencia, ya que la universidad actual valora enormemente la investigación, pero denosta la docencia, como si esta fuera un elemento secundario y de escaso valor», no obstante, el profesorado asociado «se ha visto relegado de la investigación por la propia legislación y por las convocatorias de proyectos I+D que expulsan al PDI asociado de los equipos de investigación», explican desde la plataforma.
Según De la Cruz, «la figura contractual del profesorado asociado se utilizó desde el primer momento, hace ya treinta años, como una vía de entrada a la carrera académica, que se siguió utilizando después y que con el paso del tiempo, mediante el fraude de ley se ha convertido en una excusa para crear mano de obra barata».
Así, las tres cuestiones a las que el Gobierno debe responder son «el salario, la promoción y la estabilización», lo que no consideran que contempla el actual texto del borrador del nuevo estatuto, que habla del «profesional asociado», a quien da «menos docencia» y un salario «accesorio», denuncian.
Con todo esto, reclamaron al ministerio una «solución escrita», -que Castells se ha ofrecido a dar, según explican los representantes del profesorado- y se han emplazado a una nueva reunión en septiembre, conscientes de que la negociación será «muy difícil por la tremenda complejidad de la situación y la falta endémica de financiación universitaria». Si sus reivindicaciones no se atienden, aseguran que defenderán «con toda legitimidad y fuerza su derecho a insertarse de manera digna en la universidad».
Demasiada temporalidad
Precisamente en julio, el Observatorio del Sistema Universitario publicó nuevos datos sobre las cinco universidades valencianas (UA, UJI, UV, UPV y UMH). La principal conclusión que indica es que «se mantienen los niveles elevados de profesorado asociado y la temporalidad crece de manera sostenida por encima del límite legal», que es del 40 %.
En concreto, apunta que en 2018-19 (hace dos cursos) había en la Comunitat un total de 3.985 docentes asociados a las universidades públicas por lo que, en casi una década (desde 2009-10) ha aumentado un 9,1 % esta figura dentro del PDI, donde ya representan uno de cada tres (34,2 %), mientras la media española es del 25,2 %. Asimismo, dentro de este grupo (el PDI) también se incrementan de forma considerable -un 20,1 %- los trabajadores temporales (que incluye a los asociados y otras figuras). El documento también detalla que todas las universidades valencianas -menos la Universitat Politècnica de València, con un 32 %- superan el límite de temporalidad (con datos entre el 50 y el 60 %).
