Ni siquiera en agosto está dispuesta la Conselleria de Economía a arrojar la toalla en el pulso que mantiene con la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para que su personal pueda volver al sistema de teletrabajo de forma inmediata y hasta que la pandemia amaine.
El 30 de julio, la dirección general de Función Pública frenó el programa piloto de potenciación del trabajo no presencial presentado por Economía y emplazó al departamento que dirige Rafael Climent (Compromís) a subsanar un total de once aspectos para adaptarlo al cumplimiento del decreto de 2016 que -de momento- regula el teletrabajo, a la espera de la nueva normativa en tramitación que podría estar lista a principios de octubre.
La respuesta a ese requerimiento de la Comisión de Control y Seguimiento del Teletrabajo fue remitida ayer por el subsecretario de Economía a su homólogo de Justicia a través de un escrito en el que el primero protesta indicando que su plan quedaría inservible y sería inviable si tuviera que ajustarse al milímetro al decreto de hace cuatro años, como pide Función Pública. Desde la Conselleria de Economía hacen hincapié en que su programa piloto no pretende otra cosa que dar respuesta a la situación actual provocada por la Covid-19, y en ningún caso establecer pautas o normas con vistas a un escenario ordinario posterior.
La contestación al requerimiento de subsanación de deficiencias apela a la proposición no de ley aprobada recientemente por las Corts que insta a la Generalitat a priorizar el teletrabajo, así como a otras manifestaciones recogidas en las últimas semanas, para instar a la Conselleria de Justicia -dirigida por Gabriela Bravo (PSPV)- a complementar de manera urgente el decreto actualmente vigente para regular las situaciones de crisis como la provocada por la pandemia. El objetivo: mantener la actividad de los servicios básicos de la administración autonómica en régimen de trabajo no presencial y de manera transitoria hasta que se apruebe la futura regulación, cuya tramitación se inició por la vía de urgencia en el pleno del Consell del pasado viernes. Hasta su aprobación definitiva, el subsecretario de Economía plantea que haya flexibilidad para que las conselleries puedan aplicar programas pilotos de teletrabajo con tal de minimizar riesgos.
Incompatible con la normativa
El plan de la conselleria de Climent, respaldado por la mayoría de sindicatos, establecía su permanencia hasta que termine la situación de crisis sanitaria, una referencia incompatible con el decreto de 2006, que solo prevé una duración máxima de un año prorrogable para estos proyectos. Al tratarse de una hoja de ruta provisional, el programa de Economía incluye puestos de trabajo no susceptibles de ser desempeñados por teletrabajo según la regulación vigente. El planteamiento era que los funcionarios trabajaran desde casa un máximo de tres días.
