El número de okupaciones ilegales ha aumentado considerablemente en lo que va de año en comarcas de la Ribera Alta, la Costera o l'Horta Sud. Tal como avanzó Levante-EMV, el confinamiento decretado por el estado de alarma y la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus han marcado el incremento de estos actos delictivos.
En gran parte de los casos, los okupas escogen viviendas que son propiedad de una entidad financiera. De esta manera, se dificulta el desalojo por parte de la Policía Local. En ocasiones, estas personas escogen domicilios de gran tamaño para promover plantaciones de marihuana, con las que obtienen grandes beneficios al engancharse de manera fraudulenta al suministro de luz y agua de la red pública.
Municipios más afectados
En concreto, Alberic, en la Ribera Alta, es uno de los municipios más afectados. El pasado mes de abril se llegaron a detectar hasta cuatro grupos diferentes de okupas en la urbanización de Monte Júcar, un complejo de chalés con piscina, a los que la Guardia Civil se encargó de disuadir y custodió los trabajos de corte de los suministros
Para evitar que se repitan situaciones como las de esta urbanización, representantes de varios municipios de la comarca afectados por la okupación ilegal, como Alberic, Càrcer, Alcàntera del Xúquer o l'Alcúdia, se reunieron a mitad de julio con autoridades de la Delegación del Gobierno en València y de la Guardia Civil.
En esta reunión, el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, denunció la falta de agentes para luchar contra los okupas y la impunidad legislativa que existe. Declaraciones que también fueron respaldadas por Josep Botella, edil de Càrcer. No obstante, Julio García, máxima autoridad de Alcàntera, puso en valor la buena labor de la Guardia Civil en la zona durante los últimos años.
En la comarca de l'Horta Sud, el número de ocupaciones también se ha disparado. El caso más significativo se ha producido en Torrent. Según los datos proporcionados por las áreas de Seguridad y Urbanismo de su ayuntamiento, son 41 las viviendas ocupadas desde principios de este año hasta el 31 de julio, once más que en todo el 2019. Según indican los datos, 30 de estas se habitaron de manera ilegal a partir del mes de abril, fechas que coinciden con el periodo de confinamiento. Además, entre las viviendas ocupadas, 20 están situadas en urbanizaciones y diseminados del término municipal.
En Benetússer, hay actualmente 19 viviendas okupadas, de las que 16 pertenecen a entidades financieras, según las cifras ofrecidas por el ayuntamiento, y la Policía Local impidió la entrada ilegal a otros dos domicilios recientemente.
Asimismo, en Xàtiva, de la Costera, también han proliferado los casos. Concretamente, en Bixquet se registraron a mediados de julio hasta tres chalés ocupados por familias enteras. De nuevo, las viviendas son propiedad de un banco, que no ha interpuesto ninguna denuncia ni queja formal.
Por lo que respecta a la comarca de La Safor, el concejal de Gandia y responsable del área de Seguridad, Nacho Arnau, ofreció a finales de julio algunos datos sobre la okupación ilegal. Según el concejal, en los últimos meses «se han llevado a cabo numerosas actuaciones por parte de la Policía Local». Estas operaciones han llevado al tapiado de más de cien viviendas, entre ellas los 52 domicilios situados en un edificio conflictivo de la calle de Perú, 20 en el área del Grupo Porta, 10 en el distrito del Raval, 11 en Beniopa, 5 en el Grau y 4 en la zona de Corea.
La preocupación por este tipo de actos delictivos también se ha extendido a la comarca del Camp del Túria. Desde el pleno municipal de la Pobla de Vallbona, celebrado el pasado 26 de julio, se destacó como, al igual que en el territorio estatal, las ocupaciones ilegales han incrementado en el municipio, «a pesar del intenso trabajo de las fuerzas de seguridad competentes».
Para minimizar el efecto de las ocupaciones, el ayuntamiento ha elaborado un Plan Municipal de Vivienda para «para poner en alquiler social viviendas vacías con una dotación presupuestaria que posibilite un alquiler digno».
En Sagunt, capital de la comarca del Camp de Morvedre, aunque no se han ofrecido datos, el teniente de alcalde, Guillermo Sampedro, aseguró que la ocupación de viviendas «no es un problema significativo» y añadió que los problemas por desahucios eran mayores que por okupas.
