El pleno del Consell aprobó ayer un decreto ley por el que declara servicio público de titularidad autonómica la selección y clasificación de envases ligeros, algo que le permite salvar el insostenible limbo legal de Vaersa. La propia Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica admite que la nueva norma «en la práctica acomoda la situación jurídica de Vaersa de acuerdo a las recomendaciones del Consell Jurídic Consultiu».
También estaba pendiente de cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que daba la razón a UGT y en la que se reconocía la fijeza para el personal de las encomiendas de gestión. Un auto judicial cuyo término de ejecución expira el 14 de agosto, pero al que sin embargo no se refirió ayer la consellera Mireia Mollà en su comparecencia pública tras la reunión semanal del ejecutivo autonómico.
Levante-EMV, desde el departamento de Mollà se aseguraba que no había novedades con la fusión de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus (Vaersa). Un nuevo ente, denominado Evasa, iba a aglutinar a ambas entidades públicas para solucionar la gestión de la segunda, cuestionada por la Abogacía de la Generalitat. Algo a lo que la Sindicatura de Comptes puso reparos y también Función Pública.
En una reciente respuesta parlamentaria al Partido Popular, la consellera aseguraba que el decreto de fusión se encontraba «en tramitación y conversaciones con otras consellerias implicadas». Lo cierto es que ya estaban en la recta final de la redacción del decreto ley al que ayer dio salida el gobierno valenciano en su reunión del viernes.
Convenio con Ecoembes
Según la justificación de Mollà, el primer artículo del nuevo decreto consolida una base sólida para la gestión pública del servicio de selección y clasificación de envases ligeros y residuos de envases recogidos en la vía pública y ecoparques, sin perjuicio de la posibilidad de establecer fórmulas de colaboración público privada de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Se refiere la consellera, aunque sin citarla, a Ecoembes. Un escenario, el de la revisión del convenio, que desde hace semanas ya contemplaban los sindicatos de Vaersa. «Además de ser una norma necesaria para asegurar la prestación del servicio si atendemos al incremento de hasta un 20 % que ha provocado la crisis sanitaria», apuntaba Mollà.
«Consolida y pretende sentar las bases de la clasificación de aluminio, acero y plásticos ligeros en la Comunitat (envases monodosis inferiores a 33 cl), sobre los que la iniciativa privada no ha mostrado interés en los más de 20 años de sistema nacional de gestión de envases y para los que Vaersa ha desarrollado una nueva línea de clasificación de aluminio y acero ligeros, en primera instancia, pionera en España», según el comunicado de ayer. El expediente cuenta con informes técnicos de los Consorcios de Residuos de la Comunitat, otro favorable de la comisión mixta de la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, así como del Consell Juridic Consultiu.
«Esperamos que la presente decisión del Consell ayude a resolver el problema económico/financiero que tenemos en Vaersa para ir normalizando la situación de los servicios que hasta ahora se vienen prestando mediante las encomiendas de gestión y que se pueda recuperar el empleo de los puestos de trabajo que se han perdido durante este año», manifestaban desde UGT poco después.
