El temor se extiende en Carlet. La cifra de contagios no deja de crecer desde el 7 de septiembre y el ayuntamiento - «muy preocupado por la situación», según reconoció ayer la alcaldesa, Maria Josep Ortega- ha lanzado un plan de choque para evitar un confinamiento estricto del municipio que comprometería su principal motor económico: la campaña de recolección y comercialización del caqui. De momento, tras confirmarse 131 positivos en pruebas PCR, se ha decretado el cierre de todos los espacios públicos y se han limitado las reuniones sociales. Casi una veintena de familias del municipio tiene uno o varios miembros infectados por coronavirus. El origen de los contagios es de carácter social (reuniones y fiestas con familiares o amigos) y responde a una mayor actividad comunitaria que coincide con la celebración de las comuniones que se aplazaron en mayo y también con las fechas en que debían desarrollarse las fiestas mayores. El programa festivo se suspendió, pero los contactos con personas del entorno familiar o amistoso han persistido. Se han detectado brotes en bares, en el club de tenis e incluso en las tradicionales reuniones convocadas para jugar a cartas. La sintomatología, sin embargo, no muestra hasta ahora signos de gravedad. Solo ha sido necesario ingresar a una decena de afectados en el hospital.
«El carácter valenciano es muy sociable y resulta muy fácil relajarse cuando se comparte una paella o una celebración con personas a las que se tiene cariño», admitió ayer la primera autoridad local, que ante las consecuencias que adquiere esa distensión social se ha visto forzada a reclamar mayor implicación ciudadana para frenar el «crecimiento exponencial» que registra la covid-19 en Carlet. Se han cerrado todos los parques y jardines, se han cancelado todas las actividades culturales, festivas o de ocio y se recomienda que se limiten las reuniones sociales tanto en espacios públicos como privados. Ortega ha agotado todas las competencias que le otorga la ley para restringir las libertades individuales y colectivas. Incluso ha recomendado al párroco que evite las aglomeraciones de familiares en las comuniones que restan por celebrar. «Hemos de conseguir frenar y reducir la cifra de contagios para evitar que las autoridades sanitarias confinen el municipio, una medida que tendría efectos muy negativos para la economía de la población justo cuando está a punto de comenzar la campaña del caqui», un cultivo del que «depende directa o inditectamente el 80 por ciento de las familias», alerta la alcaldesa.
Ortega tiene previsto manterner a mediodía de hoy una reunión telemática con la Consellera de Sanitat para abordar la problemática del municipio y fijar una hoja de ruta que permita detener la cadena de contagios. No se descarta que las autoridades autonómicas puedan adoptar alguna medida aún más restrictiva. La acción de los rastreadores ha acotado algunos brotes, aunque resulta sintomático que algunas de las personas citadas para someterse a las pruebas PCR no se hayan presentado. «El incumplimiento es un delito contra la salud pública», advierte Ortega.
