Todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana tendrán que implantar la figura del gestor energético cuando salga adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Entre sus funciones estarán las de realizar un seguimiento del consumo, proponer mejoras destinadas a conseguir la eficiencia así como la producción de renovables en los edificios. Además, con el fin de racionalizar el gasto, las administraciones públicas valencianas deberán llevar a cabo o contratar auditorías con propuestas concretas de mejoras para los inmuebles que ocupen o de los que sean titulares.
El borrador de anteproyecto de ley, elaborado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, recoge en su capítulo tercero cómo ha de afrontar el sector público la gestión energética. Así, en el artículo 94 se especifica que en cada conselleria y entidad instrumental dependiente de la Generalitat Valenciana habrá un gestor energético, así como en el resto de las administraciones territoriales. En el caso de no disponer de medios suficientes, se apunta a que podrán colaborar entre sí para cumplir el objetivo.
En las instalaciones públicas que, por motivos de consumo, superficie, ejemplaridad o afluencia de personas sea recomendable, se exhibirá en un lugar visible próximo a la entrada un cartel explicativo sobre las medidas de ahorro. El panel deberá publicitar la apuesta por las energías «verdes» en la propia infraestructura, «en los términos que se dispongan en una resolución de la conselleria competente en materia de cambio climático». Se refiere a dotaciones deportivas, culturales o sanitarias.
El desarrollo reglamentario de la normativa autonómica dispondrá, también, el procedimiento por el cual la conselleria competente en materia de cooperación local, con la colaboración del departamento responsable en energía, pueda asumir la realización de la auditoría energética. También la implantación del gestor por los municipios con una población inferior a cinco mil habitantes que no lo hagan de forma mancomunada. Todo ello, previo informe favorable del ayuntamiento correspondiente.
El artículo 93 del borrador regula otro asunto no menor, el de la publicidad y los sistemas de etiquetado donde figuren las emisiones asociadas a la producción y al transporte de productos y la prestación de servicios. Y se detiene también en que se deberá incluir la información relativa al impacto ambiental. El objetivo es que el consumidor disponga de una radiografía clara de la huella de carbono de todo aquello que acaba llegando a sus manos.
En ese punto, da un paso más al señalar que en el marco de la legislación básica estatal, el Consell «podrá limitar la publicidad de aquellos artículos que por su elevado consumo energético o emisiones asociadas resulten especialmente perniciosos para el medio ambiente». Eso sí, el documento especifica que este tipo de actuaciones las llevará a cabo el ejecutivo valenciano en colaboración con todas las administraciones públicas y el sector privado, dentro del marco de regulación nacional y también el europeo.
La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica persigue alcanzar la neutralidad en 2050, cumpliendo los acuerdos internacionales, «y trabajar en una sociedad y un territorio valenciano resiliente a los impactos del cambio climático». Durante el mes de junio se llevaron a cabo unas jornadas virtuales para comentar de manera sectorial los aspectos más relevantes del borrador, momento en el que la ciudadanía, administraciones públicas y sectores sociales y económicos pudieron realizar sus aportaciones. El pasado el 25 de septiembre se cerró la fase de información pública.
