El auto del Tribunal Supremo que ha ratificado la prohibición del uso administrativo del valenciano en las comunicaciones de la Generalitat ante Cataluña y Baleares ha tenido una réplica inmediata por parte de los partidos que integran el Consell. Tanto el PSPV como Compromís se mostraron ayer partidarios de agotar todas las vías posibles y señalaron el camino del Tribunal Constitucional (TC) antes de dar por finiquitado el litigio.

El alto tribunal ha desestimado los incidentes de nulidad que presentaron tanto la Generalitat como el sindicato STEPV a su sentencia del pasado junio. Y les ha impuesto las costas a ambos. El Tribunal Superior de Justicia valenciano fue el primero que falló anulando parcialmente el decreto de 2017 que contemplaba el uso del valenciano con las autonomías «del mismo ámbito lingüístico».

El síndic del PSPV, Manolo Mata calificó ayer de «inexplicable» que, «en pleno siglo XXI, una comunidad autónoma bilingüe no pueda dirigirse a otra en un idioma que ambas entienden». «Si el Supremo dice otra cosa, que lo decida el Constitucional», se pronunció Mata, que también planteó la necesidad de cambiar la ley estatal para dar acomodo al decreto. El síndic de Compromís, Fran Ferri, abogó igualmente por acudir al TC como última vía. A su juicio, es «de sentido común» que las administraciones que usan la misma lengua puedan comunicarse con ella, una cuestión que, para Ferri «debería estar garantizada» en la Constitución. En cambio, el PPCV valoró el auto del Supremo como «un varapalo al pancatalanismo del Botànic» porque «ni el catalán es oficial en la C. Valenciana ni el valenciano en Cataluña». El STEPV censuró la «intolerable deriva autoritaria del poder judicial contra el autogobierno valenciano y los derechos lingüísticos». El sindicato pidió al Botànic cambios legislativos, con la aprobación urgente de una Ley de Igualdad Lingüística.