La Unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional ha constatado que las estafas y fraudes se duplicaron durante 2018 y 2019. «Los casos que llevamos se han duplicado en los últimos dos años», ha asegurado José Tirado Saborit, inspector jefe de la UDEF de la Policía Nacional de Alicante, durante un debate en las ‘III Jornadas sobre delitos económicos y blanqueo de capitales’, organizadas por la Cátedra Deblanc, creada en 2018 por la Facultad de Economía de la Universitat de València y la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.

Las estafas y fraudes se producen tanto ‘offline’ (las estafas de toda la vida como el tocomocho o la estampita, se siguen produciendo, aunque parezca increíble) pero el inspector jefe de la UDEF alertó del «problema que va a ir in crescendo» como el de los «duplicados de tarjetas SIM de usuarios de banca» o la usurpación de la identidad. «Con una simple fotocopia de un DNI se permite contratar creditos, cuentas bancarias y líneas telefónicas que crea muchos problemas a los titulares del documento usado de forma fraudulenta».

El inspector jefe de la UDEF también incidió en la necesidad de una mayor colaboración de las entidades bancarias en este tipo de delitos, para que ofrezcan mayor colaboración con los agentes policiales y judiciales. También reclamó que se cambie la legislación para que «las imágenes bancarias se guarden más de quince días, porque sólo duran dos semanas. Urge que ese plazo se aumente. Porque si una persona sufre un fraude en Galicia y la extracción se produce en Alicante, llegamos muy justos para conseguir las imágenes que confirmen cómo se produjo el fraude».

Una mayor colaboración que también reclamó la subteniente de la Guardia Civil de Castelló, Raquel Sainza Dopico. «Los bancos sin mandamiento judicial dan poco o nada. Y con él se lo piensan, además de que ofrecen datos incompletos y en el formato que quieren. Ni a los jueces les hacen caso», lamentó esta representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O, incluso, que se produzca el bloqueo de las cuentas bancarias de las que se solicita información para investigar un presunto blanqueo. Una práctica que, obviamente, alerta al titular de la cuenta cuando se produce.

También intervino en el debate el magistrado de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Jacobo Pin, quien aseguró que «echo de menos una especialización de los órganos judiciales. Hay fiscalías especializadas en estos delitos , pero el juez instructor sigue anclado en el siglo XIX, cuando son delitos cuya instrucción es compleja y que requiere una especialización, que debería extenderse a los órganos judiciales», reivindicó el juez.

El magistrado, instructor del caso Fabra, recordó que ha sido «durante diez años un juez de pueblo que instruía causas civiles y penales… Aun así, tuve que instruir casos de complejidad llamativa en cuanto a las trabas para la instrucción. En cualquier lugar nos podemos enfrentar a delitos de esta tipología y es necesaria una dotación de medios adecuadas para investigar este tipo de delitos».

En la jornada también intervino la jefa del servicio de contratación y central de compras de la Diputación de València, María Pilar Batet, quien explicó las novedades de la ley de contratos y la problemática de los sobrecostes y los modificados que son «auténticos agujeros negros». Además, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral detalló las últimas tendencias jurisprudenciales en el blanqueo de capitales en sentencias del alto tribunal.

El trabajo de la Cátedra Deblanc como perito judicial

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, inauguró junto a la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, las ‘III Jornadas sobre delitos económicos y blanqueo de capitales’ de la Cátedra Deblanc que, en dos años de funcionamiento, ha «cumplido con creces los objetivos para los que fue creada», según Bravo. Además de formar a jueces, fiscales y policías judiciales en economía, finanzas y computación, también han ejercido de peritos judiciales.