La investigación del caso Alquería sigue adelante, a pesar de la catarata de peticiones de sobreseimiento que aún no ha contestado y resuelto el juez. Antes deberá tramitarse la última petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 9 que reclame a la Diputación de València la lista completa de asesores, «personas nombradas como personal eventual al amparo de la ley reguladora de bases de régimen local, desde el mes de julio de 2015 hasta el año 2019 inclusivo».
El Ministerio Público reclama que este listado especifique «la adscripción al grupo político correspondiente» además de las «altas o bajas» que pudieron producirse entre el personal de confianza de todos los partidos políticos y su «correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOP)», según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Levante-EMV. Igualmente el Ministerio Público también pide al secretario de la Diputación de València que informe «si los nombramientos efectuados para cada uno de los periodos temporales indicados agotaban el cupo legal de los que la citada institución provincial podía nombrar como personal eventual de libre designación». Unas peticiones a las que ha accedido el juez del caso Alquería, el titular del Juzgado de Instrucción 9 que ha dado trámite a la petición y ha emitido un oficio a la Diputación de València para que remita esta información.
Una vez la reciba, el magistrado anuncia en la providencia que «se acordará sobre la continuación del procedimiento y se resolverá sobre las peticiones de sobreseimiento instadas por las partes» y que prácticamente han presentado la mayoría de los dieciséis investigados.
Ningún delito puede sostenerse
Entre los últimos que lo han pedido está el abogado Manolo Mata, que defiende a dos de los altos cargos contratados y que solicita el sobreseimiento de la causa para todos los investigados ya que «ninguno de los delitos imputados puede sostenerse». Además de defender que «la contratación por un ente provincial de personal directivo de confianza no es delictiva» y que «el tema -de la contratación de personal de confianza- no es administrativamente pacífico (cita jurisprudencia al respecto) y que, por tanto, nunca podrá hablarse de los requisitos esenciales a los que se refiere nuestra justicia penal al considerar un acto administrativo como incardinado en el delito de prevaricación».
Sobre sus dos defendidos, del primero señala que «no aceptó la propuesta, no firmó contrato alguno, no percibió emolumento alguno, ni ha mantenido relación alguna con la mercantil objeto de investigación», añade.
Respecto al segundo, señala que sí llegó a «firmar su contrato y acudió diariamente a su puesto de trabajo, organizando el departamento encomendado, [aunque] a los veinte días advirtió por una información periodística que no eran pacíficas las contrataciones de directivos de la sociedad, [por lo que] renunció a su contrato de trabajo».
Mata también rechaza rechazado la imputación del actual jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, que ha solicitado la acusación popular que ejerce Acción Cívica, por considerarla «totalmente innecesaria, arbitraria e injustificada».
