La inversión media en los parques nacionales y naturales de España sigue descendiendo, pese haber superado los años más complicados de la crisis económica. La Comunitat Valenciana no es una excepción, y ha pasado de los 65,6 euros invertidos por hectárea en 2014 a los 31 que figuran en el último informe sobre el estado de las áreas protegidas en España. Una reduccción del cincuenta por ciento en solo años. El anuario 2018 pero con datos de 2016, editado por la Fundación Europarc, hace hincapié en que el gasto público en zonas protegidas y su gestión eficiente resultan estratégicas en un horizonte de transición ecológica y de lucha contra el cambio climático.
El documento apunta a la necesidad de avanzar en la educación y disfrute de los valores de la naturaleza. «Es preciso mejorar las dotaciones presupuestarias para que puedan cumplir adecuadamente sus múltiples y muy importantes funciones», señala Rafael Mata Olmo, presidente de Europarc-España. Entre las líneas estratégicas para acabar con esa situación, aconseja «diversificar los modelos de financiación y gobernanza, con creciente implicación de los actores locales y difundir entre los tomadores de decisiones y en la sociedad en general la multitud de servicios de abastecimiento, de regulación y culturales para el bienestar humano que las áreas protegidas aportan».
Asturias, la mayor inversión
Según el último análisis de Europarc, la Generalitat destinó 4.298.930 euros a estos enclaves protegidos. Al menos con la información facilitada por dieciocho del total de veintidós Parcs Naturals con que cuenta el territorio valenciano. Entre las autonomías que más invierten en este capítulo destacan el Principado de Asturias, con veintiún millones para 167.652 hectáreas frente a las 137.505 de la Comunitat Valenciana. Aragón y Cataluña son de las que menos dinero destinan, con 7 y 3 euros/ha según los datos de Europarc.
La situación, lejos de mejorar, ha ido agravándose y los presupuestos de la Generalitat para 2020 reducían casi un veinte por ciento el mantenimiento de los espacios naturales de especial relevancia. La partida, que en 2019 era de 4.456.000 euros, ha pasado a ser de 3.700.000 este año, con duras críticas de colectivos ambientalistas como Acció Ecologista Agró. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica solo ha aumentado la inversión en actuaciones de vida silvestre desde los 6.251.000 euros hasta los 9.561.930. El departamento de Mireia Mollà, sin embargo, esgrimía en noviembre de 2019 «que hay fondos para los parques de otras partidas».
Pocos recursos humanos y planes de usos obsoletos
España ha cumplido con el compromiso internacional de declarar al menos el 17 % de la superficie terrestre y el 10 % de la marina. Actualmente hay registrados 152 parques naturales en territorio nacional. Aunque el 61 % de estos enclaves cuentan con su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), de los veintidós de la Comunitat Valenciana, ocho de ellos siguen sin esa normativa tan importante, mientras que los catorce restantes tienen una normativa obsoleta que en la mayoría de los casos se remonta a principios de la década de los años noventa. Algo que se repite con los Planes de Incendios.
Promesas incumplidas
En cuanto a los recursos humanos que destina cada autonomía, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica contabiliza 182 trabajadores repartidos por estos enclaves , sin contar los doce directores-conservadores. Penyagolosa o l’Albufera son algunos de los que a día de hoy y, pese a las promesas reiteradas en diferentes legislaturas, continúan sin los PRUG aprobados.
La Comunitat Valenciana destina una media de ocho trabajadores, una cantidad similar a la de Andalucía (9), con una cifra similar de parques que ofrecen datos.
Según Europarc, los espacios naturales protegidos «pueden ser un marco de oportunidad para la dinamización social y económica de los territorios rurales sobre los que mayoritariamente se asientan». Así ocurre en Andalucía o Asturias, que cuentan con instrumentos complementarios a los PRUG en los que se concretan las inversiones, proyectos y acciones a desarrollar, con el objetivo de compatibilizar la conservación con el desarrollo del área de influencia socioeconómica.
