El caso Emarsa, sobre el que el Supremo se acaba de pronunciar al confirmar el saqueo de 23,5 millones de la depuradora de Pinedo con 24 condenados, sigue provocando réplicas judiciales. El juzgado de lo Penal 6 de València acogió ayer una nueva vista contra tres de los principales implicados: el exvicepresidente de la Diputación de València, exalcalde de Manises y presidente de Emarsa, Enrique Crespo; el exgerente de la sociedad, Esteban Cuesta, y el empresario que facilitó la facturación falsa que permitió parte del saqueo, Jorge Ignacio Roca Samper. Los tres se enfrentan a penas de catorce años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, al presuntamente falsear las declaraciones del IVA y defraudar 1,3 millones a la Agencia Tributaria (AEAT).

Un juicio que se celebra diecisiete días después de que se conociera el fallo del Supremo que ha ratificado casi íntegramente el fallo de la sección primera de la Audiencia de València que impuso 97 años de cárcel a los 24 acusados de saquear los 23,5 millones de euros de Emarsa. Los tres acusados están pendientes del ingreso en prisión. Y la duda que flotaba en el ambiente es si la contundente condena del Supremo haría cambiar la versión de algunos de los acusados. En el caso de Enrique Crespo, condenado a diez años de cárcel, insistió en defender que nunca tuvo conocimiento personal, «ni siquiera sabía que existía», la trama orquestada por Roca Samper en connivencia, insinuó, con Cuesta, sus subordinados en Emarsa y el resto de empresarios condenados en la trama. Crespo sólo accedió a responder a las preguntas de su abogado.

Frente al enrocamiento de Crespo en defender su inocencia, el «facturero» de Emarsa, Juan Ignacio Roca Samper (condenado a 6 años), volvió a desgranar la operativa desplegada para cobrar 45 euros por tonelada de lodo tratado cuando su coste real era 18 euros, a través de las facturas falsas que él preparaba, concertado con los empresarios José Luis Sena (pendiente de juicio) y Joan Borrás, al que nunca se ha llegado ni a investigar. «Mi trabajo no valía 32 euros por tonelada, por eso nos han condenado». Roca admitió con desparpajo que no pagaba impuestos. «No ingresaba el IVA porque era mi sueldo». Incluso reconoció que aplicaba en la base imponible un tipo de gravamen del 16% cuando a la actividad de tratamientos de lodos le correspondía el 7%. Según su relato, adelantado en el juicio de la pieza principal, «Crespo y Cuesta se llevaban tres euros por tonelada cada uno y yo también» ,confesó, en ocasiones en un tono altanero al responder a la fiscal con preguntas, lo que le valió una advertencia de la magistrada. Por último, Cuesta, condenado a 12 años de carcel, se acogió a su derecho a no declarar. «Ya firmé un escrito de autoinculpación», se limitó a decir.

La inocencia de un condenado frente a la condena firme

Aunque Enrique Crespo mantiene su inocencia, irónicamente su defensa esgrimió la sentencia firme del Tribunal Supremo que lo condena por malversación para defender que el juicio que comenzó ayer y terminará el próximo jueves no debía celebrarse al ser «causa juzgada». Petición a la que se sumó la abogada de la Emshi (Entidad metropolitana de servicios hidráulicos), heredera de Emarsa, a quien Hacienda reclama en esta vista 1,3 millones de euros por el IVA defraudado y a quien criticó la letrada por su «afán recaudatorio y desmedido».