Apelando a la «situación de emergencia» provocada por la pandemia, los líderes provinciales del PP sellaron ayer un frente común con la misión de presionar para que las tres diputaciones rebajen a la mínima expresión el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que se liquida a las empresas con un volumen neto de facturación superior al millón de euros. El objetivo de la iniciativa es fijar en un 10 % el recargo devengado, lo que implicaría recortar más de la mitad los ingresos por esta vía. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha comprometido a una rebaja de la cuota superior al 50%, teniendo en cuenta que en esta provincia actualmente el recargo se sitúa en el 20,5%, y ya es uno de las más bajos de España. En las corporaciones de València y Castelló, donde el PP está en la oposición, los dirigentes populares Vicente Mompó y Elena Vicente anuncian iniciativas dirigidas a reducir el impuesto -cuya cuota se sitúa actualmente entre el 29 % y el 31,5 %- en un 66 % y un 68 % respectivamente.

Fuentes del PP hacen hincapié en que la medida beneficiaría a todas las empresas que manejan una cifra de negocios igual o superior al millón de euros. «Son firmas que están generando numerosos puestos de trabajo en las tres provincias y que se ven seriamente amenazados por la coyuntura actual», mantienen. En la provincia Alicante, se estima que 8.500 empresas se ahorrarían en su conjunto 4,5 millones de euros con la rebaja, mientras que en la provincia de València el impacto se elevaría a 15 millones de euros, cantidad que dejaría de recaudar la diputación. En la de Castelló, el recargo lo pagan algo más de 3.000 empresas.

En el ámbito competencial de las corporaciones provinciales se sitúa la gestión de cuotas del IAE que liquidan las empresas. Para los líderes provinciales del PP, «reducir este recargo de forma inmediata sería una buena contribución a no poner en riesgo el futuro de nuestro tejido empresarial».