El juez que investiga el caso Púnica ha citado a una nueva tanda de investigados, en total 17, entre los que figuran tres valencianos: el exconcejal de Gandia (la Safor) Víctor Soler; la exalcaldesa de Dénia (la Marina Alta) Ana Maria Kringe; y el exalcalde de Castelló de la Plana Juan Alfonso Bataller, todos del PP.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido también a las Corts Valencianes que certifiquen si Víctor Soler mantiene la condición de diputado autonómico para, en su caso, decidir si eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que solicitar que le investigue, dada su condición de aforado. No obstante, este trámite ya no será necesario ya que Soler dejó de ser diputado en 2019, tras las últimas elecciones autonómicas. Actualmente ejerce de portavoz del PP en Gandia y es presidente local del partido. Tras conocer las indagaciones sobre él que realiza el magistrado de la Audiencia Nacional, Soler señaló que no se va a pronunciar sobre esta cuestión mientras no reciba alguna citación judicial.
Los hechos que se investigan sobre Soler se remontan a 2012, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Gandia y secretario general del PP en dicha localidad.
Según la Fiscalía, Soler habría concertado presuntamente con otro cargo del partido y con el entonces alcalde, Arturo Torró -también investigado en esta causa- «cómo satisfacer la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación» para el regidor.
García Castellón también cita a la exalcaldesa de Dénia Ana Maria Kringe; al de Castelló Juan Alfonso Bataller; y los exregidores de los municipios madrileños de Coslada y Majadahonda, Raúl López y Narciso de Foxa, respectivamente.
Delitos imputados
A todos ellos les imputa, entre otros, delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación o falsificación de documentos mercantiles. Entre las nuevas citaciones figuran también varios exalcaldes del PP de municipios madrileños y el actual comisionado del Gobierno madrileño para la atención de víctimas del terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, que este jueves renunció a su cargo, tras trascender la noticia.
El caso Púnica estalló en 2014 y se revitaliza con nuevas citaciones enmarcadas dentro de la pieza 10, centrada en la contratación de varias empresas vinculadas a la trama por parte de diversos ayuntamientos españoles y de la Consejería de Educación de Madrid para mejorar la imagen en medios y redes sociales de los alcaldes con cargo presuntamente a los fondos públicos.
