Miles de lazos de color naranja lucen en las puertas, fachadas y ventanas de los 420 colegios concertados que hay en la C. Valenciana en los que estudian más de 222.000 alumnos. Esta es la respuesta de la comunidad educativa concertada a la nueva ley estatal que se tramita en el Congreso, la Lomloe o ya conocida como «Ley Celaá».
Desde la concertada aseguran que la norma avanza de espaldas a los centros y las familias. Los puntos más discutidos, entre otros, son la eliminación del factor de la demanda social en la escolarización; el menor peso de Religión; la no obligatoriedad del castellano como lengua vehicular; o la supresión de los fondos públicos a los colegios que segreguen por sexos.
Vicenta Rodríguez, secretaria de Escuelas Católicas Comunitat Valenciana (Escacv), explica que «es una ley que nace sin consenso y elimina la demanda social». «Queremos que los padres elijan si son de la concertada, pero también de la pública, porque no hay un confrontamiento real, somos complementarios; tampoco nos gusta que se haga en pandemia y sin pacto», apunta.
«Aunque hay que potenciar las lenguas cooficiales, nos preocupa el castellano, y la Educación Especial, porque es una salvajada que el alumnado vaya a la ordinaria, hacen falta profesionales». En cuanto a Religión, desde Escacv consideran que «retirar su valor académico es restarle importancia» y sobre la propuesta de ampliar la gratuidad en el primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), creen que «no habría que gastar recursos en algo que ya está», sino optar por ayudas económicas a las familias, como el bono infantil valenciano, que es el ejemplo.
La escolarización antes de los tres años también preocupa a la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval-CECE). Mariano Vivancos, gerente de la patronal, asegura que hay «hartazgo ante una ley ideológica no consensuada con el sector y modificada en su articulado de manera no favorable para los intereses educativos».
«Tiene aspectos lesivos cuanto no anticonstitucionales, y nace desfasada, porque no soluciona ningún problema actual y va a crear nuevos; es estatalista y desconfía de las colaboraciones público-privadas que más han funcionado», considera Vivancos. Para él, la Lomloe «no deja espacio para una oferta educativa plural».
Desde Feceval vaticinan que faltarán recursos para la Educación Especial y en 0-3 años: «Se eliminará a la empresa cuando es la que ha gestionado el mayor número de plazas en los últimos años; no se puede prescindir de ella de la noche a la mañana porque siempre es la que saca las castañas del fuego». También consideran que «no es el momento de leyes nuevas» por la «excepcionalidad democrática actual».
El sindicato FSIE coincide en que la Lomloe «no tiene en cuenta las necesidades de padres, alumnos y profesionales, se tramita exprés, sin contacto con la ciudadanía y afecta a la libertad de las familias», explica Pilar Naveda, secretaria provincial. En Anpe también echan en falta «un acuerdo básico o un pacto de Estado que hubiera permitido sentar las bases».
La Lomloe echó a andar en 2019, cuando la aprobó el Consejo de Ministros, justo antes de las elecciones, por lo que no continuó su trámite. Es en esos inicios, en 2018, cuando el Gobierno considera que sí se debatió. En marzo de 2020, justo con la pandemia, se le volvió a dar luz verde, y en octubre ha llegado al Congreso, para debatir más de 1.100 enmiendas. PP, Vox y Cs la han rechazado por completo. Sustituirá a la polémica «Ley Wert» (2013) y en esta ocasión parece que tampoco habrá pacto educativo, una demanda social reiterada los últimos años.
Marzà pide un debate «pausado» y Bonig defiende el «bilingüismo cordial»
El conseller de Educación, Vicent Marzà, aboga por llevar a cabo un debate «pausado» y «tranquilo» ya que las «posiciones son perfectamente homologables», si bien «otra cosa es la valoración ideológica o el posicionamiento partidista que pueda hacer cada uno». Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, defiende «el bilingüismo cordial» y la libertad educativa, y considera que el presidente Ximo Puig, «pretende expulsar el castellano de la enseñanza valenciana». Por otro lado, la portavoz socialista de Educación en las Corts, Ana Besalduch, cree que se «utiliza al alumnado con necesidades educativas especiales para difundir bulos contra el Gobierno».
