La distribución del personal interventor de la Generalitat entre las distintas conselleries podría convertirse en otro foco de conflicto. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no está conforme con el reparto actual de este personal clave a la hora de abordar el día a día de la gestión y reclama un incremento de efectivos con el objetivo de agilizar la ejecución presupuestaria dentro del área social.
Una petición que, según fuentes del departamento que dirige Mónica Oltra, se basa en un desequilibrio que se ha agravado por el aumento de los fondos en los últimos años. Políticas Inclusivas ha pasado de gestionar 978 millones de euros en 2016 a 1.618 millones el presente ejercicio, es decir, un crecimiento del 65 %.
La evolución de los recursos no ha ido acompañada, según denuncia la conselleria, de una inyección de efectivos del cuerpo encargado del control interno. Así, Igualdad tiene asignadas dos personas interventoras, las mismas que cuando arrancó el Botànic. La cifra es similar a la del resto de departamentos. Solo Sanidad y Educación, las de mayor presupuesto, tienen más dos plazas. El departamento que dirige Ana Barceló cuenta con seis y el de Vicent Marzà, con tres. Sin embargo, Igualdad alega que la carga de trabajo no es igual para todos los departamentos.
Según sus cálculos, la media de millones correspondientes a los capítulos II (gasto corriente), IV (subvenciones) y VI y VII (inversiones) que debe auditar cada uno de sus dos interventores es de 734 millones, mientras que esa media es de 640 millones en Sanidad y 573 en Educación. En Presidencia, por ejemplo, sus dos interventores supervisan 150 millones de euros, alega el departamento de Oltra.
La Intervención de la Generalitat debe examinar todos los actos «que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos». Desde Igualdad se alega que la presión de trabajo sobre los interventores repercute en la gestión y apuntan a esta cuestión como causa de las dificultades en dar salida a expedientes de gasto.
La proporción mejora si se tienen en cuenta el personal técnico no interventor. La media de millones auditado en Igualdad baja a 122 millones, prácticamente igual que en Educación e incluso por debajo que en Sanidad, con 124 millones por efectivo. Igualdad cuenta con catorce plazas de técnicos (aunque dos están sin ocupante), los mismos que Educación. Sanidad tiene 31 y el resto entre seis y nueve.
La reclamación coincide con el enfrentamiento de la vicepresidenta Oltra con la Conselleria de Hacienda a cuenta de la elaboración de los presupuestos de 2021.
Cabe indicar que la Intervención es un cuerpo adscrito orgánicamente al departamento que dirige Vicent Soler.
