Ximo Puig alcanzó una resonancia mediática poco habitual en Madrid y Barcelona la última semana de septiembre con su discurso sobre Madrid como «aspiradora de recursos y población», protagonista de un «procés invisible». No era un mensaje nuevo, pero un informe del instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre el efecto capitalidad y sus consecuencias amplificó una línea argumental del Consell que ahora aparecerá asumida en los Presupuestos Generales del Estado.
Uno de los puntos para el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasa por atar en corto la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid.
Autonomía legitima para rebajar impuestos, en opinión de la derecha gobernante en la capital. Deslealtad manifiesta, en opinión de la izquierda de la periferia, para construir un «paraíso fiscal» a costa de la concentración de empresas por el hecho de que el centro es también la capital del Estado.
Esta última visión, arrinconada durante años, es la que parece que se impone a partir de ahora en la Moncloa. En Presidencia de la Generalitat expresaban ayer su satisfacción por la disposición del Gobierno central, manifestada ahora ante los republicanos catalanes, a una reforma tributaria armonizadora y a una comisión que elimine el dumping fiscal.
«Es una propuesta valenciana que asumió la ministra», señalaban en el entorno del president para no dejar todos los méritos a la parte catalana. De hecho, la denuncia del «paraíso fiscal» madrileño ha sido titular recurrente cuando Puig ha tenido actos en Madrid.
La aportación nueva en la andanada del último otoño fue un extenso informe del IVIE que traducía en cifras las consecuencias del efecto capitalidad: el 60 % de las adjudicaciones de contratos del Estado son a empresas radicadas en Madrid, el 29 % de los empleados del Estado están en Madrid y este territorio deja de ingresar 4.100 millones de euros cada año en rebajas fiscales (bonifica los impuestos de patrimonio y sucesiones), mientras reclama fondos al Gobierno para sostener sus servicios públicos fundamentales. Esta última paradoja se ha hecho más evidente durante la gestión de la pandemia.
La voz de Puig resonó aquellos días en emisoras de radio y televisiones de Madrid y Barcelona, diarios nacionales se hicieron eco y otros presidentes autonómicos socialistas (los de Extremadura, Aragón o Asturias) se sumaron a la denuncia.
Ahora, el Gobierno asume estos planteamientos como propios (la ministra Montero ya se había manifestado a favor de una armonización fiscal), si bien el relato es el de una concesión a ERC para su apoyo a las cuentas de 2021. Madrid ya ha anunciado resistencia. Y el PP. Pablo Casado aseguró ayer que sus autonomías no dejarán de bajar impuestos.
Baldoví confirma su apoyo a las cuentas tras lograr algunas mejoras
Compromís confirmó ayer su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 tras acordar con el Gobierno una nueva tanda de enmiendas a las cuentas que se traducirán en más inversiones en la Comunidad Valenciana, anunció la coalición.
Las mejoras tienen un contenido cultural fundamentalmente. Suponen aumentar las partidas para la Fundación del Palau de les Arts, que pasa de 895.000 euros a un millón, y del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que pasa de 261.000 euros a 400.000 euros. Es el compromiso adquirido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la formación para contar con el voto de su diputado en el Congreso.
Además, los Presupuestos incorporarán dos partidas para conexiones ferroviarias, con la mejora de la línea de Cercanías de Xàtiva-Alcoi, con tres millones de euros en los próximos dos años, y la construcción de la línea al aeropuerto de Alicante-Elx Miguel Hernández, presupuestada en 65 millones de euros hasta 2024.
Compromís había presentado hasta una treintena de enmiendas, pero considera ventajosas las mejoras alcanzadas con Hacienda después de los compromisos que ya se incorporaron al proyecto de presupuestos. El más importante, el aumento en las inversiones territorializadas hasta el 9,6 % del total.
El diputado de esta formación en el Congreso, Joan Baldoví, celebró ayer los acuerdos al considerar que, «después de años de infrainversión e infrafinanciación», se consigue «que los nuevos presupuestos sean un poco más justos con los valencianos y valencianas».
Baldoví subrayó que el Gobierno incorporó «muchos de sus puntos del acuerdo de la investidura, con más recursos para la dependencia, la asunción de la deuda de la Marina de Valencia, 367 millones del corredor o 38 millones para el transporte metropolitano.
