La Generalitat aún negocia el pago de parte de los tres hospitales de campaña que se construyeron en la Comunitat Valenciana para hacer frente a la pandemia de coronavirus, ya que la empresa pide «un precio adicional» a lo que se estableció en el contrato de emergencia, según explicó ayer en las Corts la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo. El expediente sigue abierto todavía, a la espera de comprobar «a qué se debe ese precio adicional».
Bravo respondió a una pregunta del diputado del PP José Císcar, quien calificó como «modelo de fracaso en la gestión de la pandemia» esos hospitales, cuyo precio inicial de 8 millones de euros puede pasar al «doble» si la empresa «tiene razón» en sus demandas.
Certificados en regla
La consellera aseguró que «los certificados» de los tres hospitales de campaña «están en regla» y que hay un «retraso en los pagos» debido a que la empresa pide «un precio adicional» y los técnicos lo están estudiando para gestionar «con rigor». «A diferencia de cuando gobernaba el PP, no pagamos con esas grandes alegrías los sobrecostes», replicó Bravo, quien destacó que con los gobiernos populares se pagaba a «cualquier empresa que pidiera sobrecostes para obras faraónicas de Zaplana y Camps».
La consellera afeó que al PP le parezcan caros unos hospitales que suponen tener unas infraestructuras para atender a los enfermos de covid, y preguntó si les parecen «razonables» los 7,5 millones que se pagaron por las pantallas y equipos de sonido de la visita del papa a la trama Gürtel, «casi más que los hospitales de campaña».
Por contra, el diputado José Císcar aseguró que los hospitales ni se han recepcionado ni tienen licencia ambiental. Y que se han han usado para hacer pruebas PCR en València o para la cuarentena de inmigrantes en Alicante, algo que se podría haber hecho «en otros espacios públicos, por una décima parte». Y desveló «una batalla sin cuartel» entre el adjudicatario y el Consell por el coste final a pagar.
Fuentes del Consell señalan que son las conselleries de Interior y Sanidad las que han de pagar los hospitales. Interior por la estructura, camas y acondicionamiento del terreno, (4,8 millones del que falta por abonar «el 25 %) y Sanidad por el material médico que es donde hay discrepancia. La consellera Barceló aseguró no tener el dato del importe que reclama la empresa y admitía «la discrepancia que están resolviendo los técnicos».
