Los dos altos cargos de la Conselleria de Sanidad investigados por no facilitar la suficiente equipación a los sanitarios del Hospital General de Alicante al inicio de la pandemia se acogieron ayer a su derecho a no declarar, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su comparecencia.
El director gerente del Hospital General de Alicante y la Directora General de Recurso Humanos de la conselleria estaban citados ante el Juzgado de Instrucción 1 de València, aunque su comparecencia fue más breve de lo esperado. Ambos funcionarios justificaron su negativa a responder a las preguntas del magistrado y de los abogados que presentaron la querella inicial en la petición de archivo de la causa que ha presentado la Fiscalía Provincial de València.
La acusación contra los dos directivos sanitarios se basa en que «no adoptaron las medidas pertinentes para luchar, evitar, paliar o atajar la pandemia, proveyendo de equipos de protección individual (EPI) a los profesionales sanitarios, con las oportunas actuaciones en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de salud». Sin embargo, la Fiscalía provincial de València considera que no hay caso. El fiscal delegado de siniestralidad laboral, Jaime Gil, concluye que esta falta de medidas de seguridad «no se debió a una inactividad, sino a una clara situación de desabastecimiento mundial, que impidió a los querellados poder poner a disposición de los sanitarios del material esencial ante la covid-19».
La Fiscalía pidió a Instrucción 1 que archivara la querella pero, al decidir el juez continuar con la investigación, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación, no resuelto, ante la sección segunda de la Audiencia en el que alegaba que «no existe delito y procede el sobreseimiento y archivo» de la causa al considerar la investigación «de carácter prospectiva, ya que es notoria la ausencia de medios» que existía.
