Tres funcionarios de Prisiones que prestan servicio en el módulo 14 del centro penitenciario de Picassent, en el que se detectó la semana pasada un brote que ya afecta a 55 internos, resultaron contagiados a causa de ese foco masivo. Así lo demuestran las pruebas diagnósticas a las que finalmente fueron sometidos los once funcionarios que más contacto tuvieron con los reclusos en los días previos a la detección del brote, pruebas que nadie quería hacerles en un primer momento.

Tal como adelantó Levante-EMV en su edición digital, la alerta saltó el lunes de la semana pasada, al constatarse la existencia del foco masivo. Sanidad realizó 108 PCR a raíz de ese brote, y el cribado ha revelado que, hasta ayer, ya son 55 los internos infectados, todos ellos del módulo 14, que en ese momento albergaba alrededor de 90 internos.

La denuncia del sindicato Acaip-UGT, junto con otras asociaciones, de que nadie se quería hacer cargo de las lógicas pruebas diagnósticas a los trabajadores que habían tenido contacto con los presos afectados por el brote llevaron a que la subdirectora médica pidiese ayuda a Sanidad, que, a través del Hospital General, autorizó las once PCR. Tres funcionarios han dado positivo, siete, negativo y aún faltan los resultados de una undécima trabajadora.

Dados estos resultados, Acaip ha pedido, de nuevo, la rescisión del contrato de Instituciones Penitencias con la empresa ASPY para el seguimiento de contactos, dada su «negligencia» durante este episodio que demuestra que ese contrato «es tirar el dinero».