Los migrantes que solo cuentan con su pasaporte como documentación no podían acceder a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) ya que la aplicación informática -la herramienta que utiliza la Administración para tramitar la ayuda- no permitía registrar un número de pasaporte ya que se diseñó para ciudadanos con DNI o con NIE (el DNI de las personas extranjeras).
Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra eso ha cambiado y el problema está resuelto desde el pasado verano aunque esta comunicación no ha llegado, al parecer, al Síndic de Greuges. De hecho, la semana pasada el síndic Angel Luna dio un ultimatum a la conselleria para que resolviera e informara sobre este problema, tras haber reiterado esta petición en dos ocasiones más tras una queja formulada desde Valencia Acoge.
«Si no recibimos el informe requerido en un plazo de 15 días, resolveremos el expediente con los datos que obran en este. No obstante, la no emisión de los informes requeridos se califica como una actitud entorpecedora de la labor de investigación de esta institución, por lo que podrá ser objeto de un informe especial de les Corts Valencianes, además de ser destacada en la sección correspondiente del informe anual del Síndic de Greuges», explica la queja sobre incidencias en el cobro de las prestaciones que data del 13 de enero de 2021.
Modificación informática
El problema, sin embargo, está resuelto según fuentes de la Conselleria de Igualdad. Al menos, en la parte técnica que ya permite tramitar desde verano expedientes que antes se quedaban bloqueados ante la imposibilidad de poder registrar el número del pasaporte. «Los equipos informáticos de la Generalitat han ultimado una modificación del aplicativo informático que permitirá llevar a cabo la tramitación de las solicitudes de Renta Valeniana de Inclusión presentadas por personas extranjeras residentes con pasaporte», asegura un escrito de la Dirección General de Acción comunitaria y barrios inclusivos con fecha del 7 de septiembre de 2020.
Es más, en el mismo escrito se asegura que «ya se han realizado las actuaciones pertinentes con los órganos de fiscalización dependientes de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para que se pueda proceder a dar de alta en dicha base a las personas identificadas con pasaporte, y así poder continuar con la tramitación y resolución de dichas solicitudes».
El Síndic volvió a emitir informe un mes después (2 de octubrede 2020) en el que instaba a Igualdad a determinar «un plazo concreto para resolver las solicitudes de quienes solo cuentan con pasaporte», a informar «de la cantidad de solicitudes cuya resolución está bloqueada» por ese mismo motivo y a explicar «cómo va a resolver los casos que cumplen los requisitos para ser aprobados, pero sus titulares no pueden disponer de cuenta bancaria ya que la mayoría de migrantes en situación irregular carecen de cuenta porque los bancos no permiten su apertura con el pasaporte».
Ante la falta de respuesta, el Síndic vuelve a emitir otro informe, con fecha 18 de noviembre de 2020 en el que insta a «obtener un compromiso temporal concreto» de respuesta «para prever el plazo restante de nuesta investigación». Ante el silencio, se emitió el último informe del 13 de enero de 2021 que da un ultimátium a la Conselleria de Igualdad que afirma ahora que el problema ya está resuelto.
Ricardo Mederos: "Pedí la ayuda en febrero de 2019 y sigo esperando"
Ricardo Mederos solicitó la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) el 14 de ferebro de 2019 y a día de hoy sigue sin recibir la prestación. Lleva 19 años en València, tiene 67 años, es albañil y vive en una casa okupada en el barrio de Natzaret que rehabilitó con sus propias manos hace años. Carece de ingresos. Desde la llegada de la Covid-19 participa en el programa de alimentos que tiene el Ayuntamiento de València mediante Cruz Roja. El caso de Ricardo Mederos generó una queja al Síndic de Greuges por parte de la entidad social València Acoge desde donde aseguran que, aunque la ley incluye a las personas en situación irregular como beneficiarios de la RVI, la realidad «es muy diferente porque, al final, nadie les informa, no acceden a la documentación que les piden y se quedan, de nuevo, excluidos de una ayuda que en teoría está diseñada para ayudarles». Ricardo Mederos cuenta con un pasaporte como única documentación legal y con él consiguió abrir una cuenta bancaria, tal como exigen los requistos de la ayuda a los más vulnerables. «No es lo normal, pero a mí me funcionó. Eso sí, no he cobrado nada de la RVI. No sé nada de mi expediente ni de mi situación», aseguró ayer a Levante-EMV.
Cuenta anulada o cerrada
Fuentes de la Conselleria de Igualdad, aseguraron, además, que ahí puede residir otro de los problemas que dificultan el acceso directo de las ayudas a sus beneficiarios ya que puede que «cuando Hacienda autorice el pago la cuenta esté cerrada o anulada y haya que volver a empezar».De esta manera, Ricardo Mederos sigue, como otros, esperando.
