Facilitar la participación de todas las personas en procesos vecinales, consultas ciudadanas o en presupuestos participativos, así como posibilitar su liderazgo en diferentes iniciativas... son algunos de los objetivos del proyecto europeo IDemocracy, que se centra en derribar las barreras que impiden a las personas con discapacidad intelectual ser sujetos activos en los procesos democráticos en los que tienen derechos a participar.

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) participan en este Erasmus+ que coordina la plataforma Plena Inclusión Comunitat Valenciana, con asociaciones de Portugal, Grecia, Francia, Croacia o Lituania. Según explican, pretenden aumentar las competencias relacionadas con el ejercicio de los derechos democráticos de este colectivo y su personal de apoyo (por ejemplo, los cuidadores) teniendo en cuenta el contexto actual de sociedad digital.

Y es que, aunque desde la universidad recuerdan que «el ejercicio de la participación, representación y derecho de voto de las personas con discapacidad intelectual son esenciales para el desarrollo de sus derechos democráticos», su cumplimiento no se les facilita. Rosabel Esquerdo, coordinadora del proyecto y técnica en Plena Inclusión, lamenta que «todavía hay una carencia en la participación e inclusión» de las personas con discapacidad intelectual y que con IDemocracy pretenden revertir esta situación tanto en el ámbito de las entidades, como comunitario y en política, sin olvidar que muchas acciones ahora tienen lugar en entornos digitales.

«Ya hay alguna experiencia, pero se necesita trabajo y, sobre todo, sensibilizar y tener en cuenta que son parte de la ciudadanía», apunta Esquerdo. De hecho, en 2018 entró en vigor la modificación de la ley electoral por la que se reconocía el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual, un paso importante que recuerdan desde la plataforma.

Ahora, IDemocracy —dotado con 230.000 euros y que se desarrollará hasta 2022— busca aumentar las competencias relacionadas con el ejercicio de los derechos democráticos mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que actualmente es «un desafío» para las personas con discapacidad intelectual ya que hay «una brecha digital entre ellas y el resto de la sociedad», apuntan fuentes de la UPV.

Es muy complicado que una persona con discapacidad intelectual llegue a representar a un colectivo «si las plataformas que podrían darles voz no están adecuadas en su accesibilidad, ni las personas formadas para su uso», explica Juanjo Lull miembro del grupo de investigación Sabien-ITACA de la universidad, la otra parte valenciana en este proyecto europeo. Entre otras cosas, desarrollarán una plataforma de formación (eLearning) para facilitar la alfabetización digital de personas con discapacidad intelectual; y también promoverán otras para facilitar su participación en decisiones democráticas. Por ejemplo, consultas ciudadanas, presupuestos participativos o iniciativas vecinales...

Otras iniciativas

«Dentro de la participación democrática, no solo hablamos del voto, por ejemplo también de la agrupación, o de poder ser representantes en actos democráticos, de fomentar estas prácticas y también de iniciativas personales», explica Lull. Otras puende ser, soportes similares a Change.org.

«Tal como están montadas las plataformas digitales, el acceso es difícil y no es adecuado para estas personas», añade el investigador. Por eso, la idea es formar a las personas con discapacidad intelectual junto a las de su entorno, para saber cómo acceder, leer, entender y poder ser parte de estos procesos.

Además, este colectivo social también tiene derecho a «conocer sus opiniones, deseos y necesidades», recuerda también Rosabel Esquerdo.