La Conselleria de Igualdad asegura que en 2019 un 24% de los niños y niñas que acudían a terapia en un centro de atención temprana (CAT) fueron dados de alta «al contar con los recursos necesarios en el centro educativo». Sin embargo, desde la Conselleria de Educación dicen «no tener constancia» de alumnado de entre 3 y 5 años, beneficiario de la atención temprana, que haya sido derivado a servicios específicos de centros educativos durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021». Así respondieron al Síndic de Greuges las dos consellerias ante una investigación abierta de oficio tras recibir «quejas de padres y madres de menores de entre 3 y 6 años porque se estaban dando de alta de los CAT a los niños y niñas que se encontraban escolarizados y recibían atención por los servicios específicos del propio centro escolar».
Los datos no cuadran y por ello el Síndic de Greuges, Ángel Luna, insta al Consell a «extremar la supervisión sobre los casos en los que las direcciones territoriales de la conselleria resuelven la baja de un CAT por motivo de escolarización con apoyo». En lo que sí coinciden las dos consellerias es en el anuncio de un protocolo -firmado en el mes de diciembre de 2020- que pone orden en la coordinación entre Administraciones en aras de no duplicar servicios.
Las familias de menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se revuelven: aseguran que ambos servicios (el CAT y los apoyos educativos) «son complementarios y no se solapan, ya que una terapia es individual y especializada y la otra trabaja de otra manera». Detrás de este cambio organizativo, mantienen según su versión, «no hay otro motivo que liberar plazas en unos CAT saturados» que cuentan con una lista de espera que roza los 1.400 niños, tal y como publicó este diario.
El Síndic, además, insta a supervisar los casos dado el reciente nuevo protocolo que regula la coordinación de actuaciones entre consellerias «y para evitar posibles malas praxis».
En las respuestas al Síndic sí aparece el protocolo recién firmado, pero no una instrucción interna dictada por la Conselleria de Igualdad en el mes de junio en la que insta los CAT a dar el alta a los niños cuando cumplan 4 años si cuentan con apoyos educativos en el colegio. De esta forma, a partir de septiembre de 2020, los CAT comunicaron las bajas y han ido actuando en función a esa instrucción ante la preocupación de unas familias que ven cómo sus hijos se quedan sin la terapia y con unos apoyos educativos en el colegio «que no cumplen esa misma función, por no recordar que estamos en pandemia y nuestros hijos e hijas han visto mermados muchos de esos apoyos en este tiempo, aunque de eso ni nos hemos quejado porque lo podemos entender», explican desde la Plataforma Defensa TEA. «Pero la maniobra de los CAT no viene de este curso. Hace años que lo estamos denunciando», inciden las mismas fuentes. Según se quejan, a partir de septiembre ya se puso en marcha una norma legal para poder hacerlo, «aunque incumplan sus propias normativas y teorías sobre la atención temprana y la educación inclusiva», mantienen desde la Plataforma. Nuestros hijos e hijas tienen derechos y vamos a pelear por ellos porque la realidad deja a bastantes niños en el limbo y sin terapia. El que tiene dinero la paga de su bolsillo ¿y el que no? Vamos a peor y no lo podemos permitir porque hablamos de niños con necesidades especiales y un futuro por delante», zanjan.
Un protocolo y muchas quejas
El protocolo que pretende poner orden en la atención temprana y pasarle parte del servicio (el de los niños escolarizados) a la Conselleria de Educación se centra en la coordinación entre los CAT y los centros educativos y en que serán criterios técnicos y profesionales «los que determinen cada caso».
Las familias, sin embargo, llevan demasiado tiempo denunciando lo contrario: que las terapias en los CAT tienen un máximo semanal de 1.30 horas (divididas en dos tardes de 45 minutos), que dan de alta a los niños con 4 años «sin haber contactado con el colegio o haciendo oídos sordos a informes que determinan ciertas sesiones en el CAT» y que se sienten «abandonados» por la Administración.
